El PP impulsa una campaña contra la okupación para poder desalojar los inmuebles en horas

Presiona al Gobierno de Sánchez y abre una campaña de recogida de firmas

Pablo Casado, el pasado 17 de agosto en Badalona, visitando un bloque de viviendas afectado por okupas
Pablo Casado, el pasado 17 de agosto en Badalona, visitando un bloque de viviendas afectado por okupas

Colpisa | Madrid

El PP busca desde hace tiempo colocar en la agenda política el fenómeno de la okupación ilegal de viviendas y lanza ahora una campaña de recogida de firmas en las sedes del partido para reforzar su propuesta de cambios legales que castiguen con mayor severidad este tipo de prácticas. Los populares, que han recurrido a las firmas en otras ocasiones, como cuando se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aseguran pedir «apoyo ciudadano» para que los inmuebles puedan ser desalojados en 12 horas y se recuperen las penas de cárcel de 1 a 3 años.

Esas medidas están recogidas ya en una proposición de ley que el PP registró hace meses en el Congreso y que el partido ha rescatado ahora que cree haber detectado que la okupación figura entre las «principales preocupaciones» de los ciudadanos.

La iniciativa parlamentaria plantea, además, que aquellos que se hagan de manera ilegal con una vivienda no puedan empadronarse, que las comunidades de vecinos tengan la capacidad de actuar por vía judicial y que las personas jurídicas también puedan iniciar procedimientos de desalojo. La del Congreso y la de las sedes no serán las únicas acciones que van a emprender los populares. El PP anunció también que impulsará mociones «en los más de 7000 ayuntamientos donde el partido cuenta con representación».

«No podemos mirar para otro lado mientras vemos cómo se ocupan viviendas ilegalmente y se asaltan propiedades privadas», dijo la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán. «El Gobierno niega esa ocupación y se pone del lado de los asaltantes, en vez de ponerse del lado de las familias y los vecinos», indicó.

En realidad, el Ministerio de Justicia no ha descartado reformas legales para hacer frente al fenómeno. Su titular, Juan Carlos Campo, reconoció a Europa Press que «hay un problema» y una «gran preocupación social». El Ejecutivo, sin embargo, por ahora quiere esperar a ver si funcionan la instrucción de la Fiscalía y el protocolo de las fuerzas de seguridad para agilizar los desalojos. Lo que el PP censura es que el vicepresidente segundo rebajara la dimensión. Pablo Iglesias sostuvo en el Congreso que el problema de la vivienda no es este, sino el precio de los alquileres.

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