Torra anuncia que no llamará a elecciones antes de ser condenado por desobediencia

Reclama al Supremo su absolución frente a la inhabilitación dictada por el TSJC

Quim Torra, este jueves a su llegada al Tribunal Supremo
Quim Torra, este jueves a su llegada al Tribunal Supremo

Barcelona / Colpisa

Quim Torra se presentó ayer como víctima de un Estado español «autoritario» y «represor» y dio el pistoletazo de salida a una larga precampaña electoral. Eso sí, dejó claro que él no será quien convocará las elecciones. Torra asistió a la vista oral en el Tribunal Supremo, que tiene que resolver si ratifica o no la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por negarse a retirar a tiempo una pancarta a favor de los políticos presos por orden de la Junta Electoral antes de las elecciones generales. Si el Supremo mantiene la inhabilitación decretada por el TSJC, deberá cesar del cargo. Este extremo podría producirse en dos o tres semanas. Llegado a ese punto, Torra no llamará a los catalanes a las urnas, como le piden tanto ERC como la CUP, como buena parte de la oposición.

Minutos después de acudir al Supremo, el presidente de la Generalitat anticipó la estrategia electoral de JxCat: legitimismo, victimismo, discursos incendiarios contra España, hasta el punto de acusar al Estado de estar más preocupado en condenarlo que en resolver la pandemia y bloqueo institucional, tanto en Cataluña, que permanecerá meses en la incertidumbre, como en el resto de España, ya que la subida de la temperatura política no permite a Esquerra negociar con tranquilidad los presupuestos.

«No seré yo quien condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la Administración», aseguró en un discurso institucional desde la delegación del Gobierno catalán en Madrid tras la vista en el alto tribunal.

En cuanto Torra sea inhabilitado, perderá la capacidad de convocar elecciones. Está por ver qué papel tiene previsto jugar a partir de ahí: si se resistirá a acatar la condena y si buscará el desgaste de sus socios de Esquerra, pero ya anticipa que su inhabilitación será uno de los puntos centrales de la campaña de JxCat.

El choque entre ambos está asegurado. La campaña de Puigdemont está servida. Puigdemont cargará contra ERC y contra el Estado, como ya hizo Torra. Este tribunal tiene en sus manos la caída de un Gobierno y el fin de una legislatura parlamentaria, dijo. «Es un castigo a un país entero en medio de una pandemia», añadió. Si hay elecciones y la Administración catalana queda paralizada en plena crisis sanitaria, la «responsabilidad será del Estado, obcecado con su venganza contra Cataluña», afirmó. Presionó al Supremo y a Esquerra, pues apuntó que en caso de condena, la decisión del alto tribunal no ha de hacer «recular ni un centímetro a la soberanía del Parlamento» autonómico. «No esperaremos para ejercer la autodeterminación», avisó.

Torra es el tercer presidente catalán consecutivo que se enfrenta a problemas penales como consecuencia del desafío independentista. Mas fue condenado por el 9N, Puigdemont está procesado por el 1-O y el actual jefe del Ejecutivo autonómico fue inhabilitado por el TSJC y ahora está a la espera de que el Supremo resuelva. Además, la semana que viene se sentará en el banquillo por una segunda causa similar.

Autoridad competente

Torra acudió este jueves al Supremo, arropado por el independentismo. Ocupó un asiento en la zona reservada para el público. Calificó su causa penal de «aberrante», «absolutamente desproporcionada y carente de sentido de justicia», una «prueba más de la decadencia galopante de esta democracia con pies de barro, que nos quieren hacer pasar como consolidada, madura y homologable». En la vista intervino su abogado, Gonzalo Boye, que pidió su absolución. Argumentó falta de imparcialidad del Tribunal Supremo y del tribunal que le juzgó y la ausencia del delito al tratarse -la colocación de una pancarta- de un acto político amparado por la libertad de expresión. «Claro que no cumplió la orden de la Junta Electoral. No lo vamos a negar, no venimos a discutir los hechos», según Boye. La orden «no se podía cumplir», según el letrado, porque la Junta Electoral no era autoridad competente ni superior, y en consecuencia no existe el delito de desobediencia. Boye esgrimió discriminación contra «las minorías nacionales» y acudirá a los tribunales europeos. Tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por Vox rechazaron los argumentos de la defensa y pidieron al Supremo que ratifique la condena.

Calendario y consecuencias si el presidente de la Generalitat es apartado del cargo

La crisis podría desembocar en elecciones alrededor de febrero

M. L.

El Tribunal Supremo tiene que decidir si ratifica la condena impuesta por el Superior de Justicia de Cataluña a Quim Torra. Todo apunta a que lo hará, lo que podría llevar a elecciones alrededor de febrero. 

condena y delito

Un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa. La condena fue impuesta por el alto tribunal catalán por un delito de desobediencia a la Junta Electoral. 

efectividad

Firme y ejecución. Si la sentencia del TS es condenatoria, pasará a ser firme, lo que puede tardar días e incluso semanas. De su ejecución se encargará el TSJC y no puede ser paralizada ni aunque las defensas promuevan un incidente de nulidad ni cualquier otra maniobra jurídica como acudir al Constitucional.

consecuencias políticas 

Inhabilitación y Gobierno en funciones. Si Torra es inhabilitado, cesaría como presidente de la Generalitat por ser la condena penal firme. El Gobierno pasaría a estar en funciones. Según la ley de Presidencia, sería el vicepresidente (Pere Aragonès, ERC) quien ejercería de presidente descafeinado, pues no podría presentar una cuestión de confianza en el Parlamento, cambiar consejeros ni convocar elecciones. Y el propio Gobierno tendría limitadas sus funciones: no podría presentar proyectos de ley.

Plazos de investidura 

El poder del Parlamento. Con Torra inhabilitado, el presidente del Parlamento (Roger Torrent, ERC) tiene diez días para consultar a los grupos y proponer un candidato a la investidura. Torra y Puigdemont han pedido que no se haga. Esa inacción desembocaría en un bloqueo institucional. En ese caso, Torrent, según algunos, puede activar la cuenta atrás de dos meses para ir a comicios, en base a un informe de los letrados tras la investidura a distancia que en el 2018 buscaba Puigdemont. Cabría también, y así lo ha propuesto la CUP, investir a un presidente de paja y que siguiese mandando Torra.

 El papel de la oposición 

Reactivación de plazos. Si la oposición presenta un candidato a la Generalitat y resulta una investidura fallida también se activaría la cuenta atrás de dos meses y se celebrarían elecciones 54 días después. Es la opción de la oposición para ir a comicios y forzar al PDECat a elegir entre apoyar a sus exsocios de Junts o desmarcarse.

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