La ley de memoria cambiará el currículo escolar de la Guerra Civil y la dictadura

Una fiscalía especial investigará delitos cometidos hasta la Constitución del 78

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, este martes, tras el Consejo de Ministros
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, este martes, tras el Consejo de Ministros

Madrid / La Voz

«Buena para el Gobierno. Y lo que es más importante, para la democracia». Así definió este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la ley de memoria democrática presentada por el Ejecutivo, que sustituirá a la ley de memoria histórica aprobada en el 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es «la defensa de los derechos humanos» y el «conocimiento de nuestro pasado democrático», e incluirá sanciones de entre 200 y 150.000 euros para quien la incumpla.

Fiscalía de Sala

Investigará hechos hasta la Constitución de 1978. La ley contempla la creación de una Fiscalía de Sala especial en el Tribunal Supremo para «la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución». Tendrá funciones de «impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados». Se elaborará un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y un banco nacional de ADN de víctimas y familiares para almacenar huellas genéticas con vistas a las exhumaciones.

Ámbito educativo

De estudio obligatorio. La norma entra en el ámbito educativo, ya que se colocará en los currículos académicos y se actualizarán los contenidos sobre la Guerra Civil y la dictadura, aunque no necesariamente con una asignatura específica, según precisó Calvo. La norma se estudiará en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato, y también se aplicará en el ámbito de formación del profesorado.

Ilegalizar fundaciones

La Francisco Franco se irá. La ley ilegalizará «fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la dictadura». La Fundación Francisco Franco anunció que se irá al extranjero si es ilegalizada. El Valle de los Caídos será un cementerio civil que honre a muertos de ambos bandos de la Guerra Civil. La fundación de benedictinos que gestiona la abadía se extinguirá y el Gobierno «reflexionará» sobre el derribo de la cruz. 

Conmemoraciones

31 de octubre y 8 de mayo. El 31 de octubre será instaurado como el «día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas». Asimismo, se declarará el 8 de mayo como el «día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. La fecha del 8 de mayo se conmemora en varios países europeos en homenaje a los combatientes contra el nazismo y el fascismo.

Nulidad de juicios

La causa contra Companys. La normativa impulsada prevé la declaración de nulidad de todos los juicios, consejos de guerra y sentencias a muerte dictadas por causas políticas durante la dictadura «por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos». Todos los condenados tendrán derecho a una declaración de reconocimiento y reparación. Afectará, entre otros, al proceso y fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, condenado a muerte, tal y como han exigido reiteradamente los partidos independentistas.

Panteón de España

Con perspectiva de género. Se impulsará la modificación del actual Panteón de los Hombres Ilustres, que pasará a denominarse Panteón de España, al que se dotará de una perspectiva de género, homenajeando y promocionando a mujeres importantes de la historia de España. Entre ellas, Carmen Calvo destacó la figura de Clara Campoamor, abogada, escritora y política impulsora del sufragio femenino.

La norma prevé revocar los títulos nobiliarios otorgados por el dictador, excepto los dados a científicos y académicos

La ley impulsada por el Gobierno amenaza hasta a más de una treintena de nobles españoles con la pérdida de sus títulos. Tal y como explicó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se introducirán medidas para «evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial». Y, con ese objetivo, se revocarán «distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales», así como «condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura». Calvo precisó que se anularán los títulos nobiliarios concedidos a personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado y la llegada de la dictadura. Pero explicó que muy pocos de los concedidos por Franco quedan fuera de esa lista, entre los que solo citó los otorgados a científicos y académicos.

Entre los nobles que podrían perder su título están los descendientes de 17 militares franquistas, entre ellos el duque de Mola, el marqués de Queipo de Llano, el marqués de San Leonardo de Yagüe o el duque de Carrero Blanco, título ostentado por el hijo del exvicepresidente del Gobierno de Franco Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA. Igualmente será revocado el ducado de Primo de Rivera, creado en honor del fundador de la Falange. Pero, además de los títulos otorgados a militares y políticos de la dictadura, Franco otorgó también honores nobiliarios a destacados empresarios, cuyos descendientes han heredado un título que ahora están a punto de perder. Además, se retirará el ducado de Franco, creado por el rey Juan Carlos el 26 de noviembre de 1975 y que todavía ostenta la familia del dictador.

La nueva ley prevé también la retirada de todas las recompensas y condecoraciones policiales concedidas por el franquismo a personas relacionadas con la dictadura que las recibieron por su actividad en contra de la democracia. Entre ellas se encuentra, aunque será a título póstumo, la otorgada al policía y torturador Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.

Por contra, los hijos de los brigadistas internacionales, por su parte, podrán solicitar la nacionalidad española.

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