El espionaje a Bárcenas sacude la causa de la caja B del PP por encubrimiento

Casado se desvincula del caso Kitchen y se sitúa en la época como simple diputado

La ex secretaria generel del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo
La ex secretaria generel del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo
Nuria Vega
Madrid / Colpisa

El espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, entre el 2013 y el 2016 a través de un operativo policial bautizado como Kitchen, afecta directamente a la causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional sobre la caja B de los populares. El informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo revela la existencia de un plan orquestado «para sustraer información comprometedora para altos cargos del PP» que estaba en poder de Bárcenas, autor de las anotaciones contables. Un material que debería haber acabado en manos del juzgado del caso Gürtel, pero que impidieron los ahora investigados -liderados por el comisario preso José Manuel Villarejo- por encargo de altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy.

En aquella época, 2013, el magistrado Pablo Ruz había confiado a la UDEF (unidad de investigación de la Policía Nacional) las pesquisas judiciales. Este grupo estaba liderado por el inspector jefe Manuel Morocho. Su cometido era cotejar la veracidad de los apuntes del extesorero y buscar indicios documentales que nutrieran los posibles cohechos. Lo que ahora se conoce como informe Kitchen es que el equipo de Morocho tenía al enemigo en casa.

Los fiscales han acreditado que el dispositivo dirigido por Villarejo y el comisario Enrique García Castaño «ocultó deliberadamente» el resultado de sus actividades ya no a los mandos de la UDEF, sino a la unidad de Gürtel. Y este encubrimiento incluyó el registro de inmuebles de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, o el volcado de dos teléfonos móviles y un ordenador del matrimonio. Para este cometido captaron al chófer, Sergio Ríos, al que pagaron 2.000 euros al mes durante dos años con fondos reservados de Interior, le compraron una pistola y al concluir su labor entró por arte de magia en la plantilla de la Policía. El propio García Castaño declaró al juez Manuel García-Castellón que «nunca» se informó a la UDEF del resultado de este espionaje. Un operativo que se puso en marcha en enero del 2013, en pleno escándalo por la fortuna oculta en Suiza del extesorero del PP y poco antes de que se publicaran los primeros apuntes de la caja B. 

El papel del comisario Olivera

Uno de los mandos policiales investigados en Kitchen es José Luis Olivera. Su nominación como director del centro de inteligencia policial fue avalada entonces por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que Anticorrupción pide ahora su imputación por los «numerosos» indicios hallados de que conoció y alentó el espionaje a Bárcenas para «controlar los daños» a altos cargos del PP.

A Fernández Díaz los fiscales le atribuyen delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, y su investigación está pendiente ahora de la decisión del juez. En parecido nivel de conocimiento del plan de espionaje y encubrimiento estaría la exministra María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro,

El juez José de la Mata amplió en noviembre del 2018 la investigación de la caja B del PP tras conocerse las primeras informaciones de Kitchen y los indicios de la contabilidad paralela. Si Anticorrupción o las acusaciones populares personadas reclaman incorporar este plan de sustracción y ocultación de pruebas, el juez tendrá que tomar una decisión. En caso afirmativo, la investigación de la caja B estallaría en las manos de la antigua cúpula del PP. 

Sin responsabilidad

Pablo Casado puso este martes distancia entre los hechos investigados en el caso Kitchen y la actual dirección del PP y se situó como un diputado más por Ávila en el período que revisa la Justicia. El líder de los populares se sacudió así la exigencia de explicaciones que reclamaron otras fuerzas políticas. «No tenía -zanjó- ninguna responsabilidad en el partido». Y cargó contra quien dirige la Fiscalía, Dolores Delgado. «Una exdiputada socialista, exministra del señor Sánchez y, además, envuelta en un turbio caso de extorsión policial, empresarial y periodística», dijo.

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