El testimonio del ex abogado del partido abre el calvario judicial de Podemos

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Pablo Iglesias, el pasado día 7 de julio en una rueda de prensa tras la celebración del consejo de ministros
Pablo Iglesias, el pasado día 7 de julio en una rueda de prensa tras la celebración del consejo de ministros E. Parra | EUROPA PRESS

Calvente, que denuncia pagos en negro, declara este jueves en el caso Dina

02 sep 2020 . Actualizado a las 14:01 h.

«Mi calvario empezó en febrero del 2019 cuando me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan». El pasado 1 de agosto, el abogado José Manuel Calvente, exasesor legal de Podemos, escribió este comentario en redes sociales sobre el origen de su abrupta salida del partido en diciembre pasado. De puertas hacia fuera, desde la formación de Pablo Iglesias se explicó su despido por la querella por presunto acoso sexual y laboral que interpuso una compañera del equipo jurídico contra él. Una causa que fue archivada en julio pasado de forma provisional por un juzgado de Madrid, con el visto bueno de la Fiscalía, tras no apreciar indicios de delito en los hechos relatados. 

Un caso que se dio la vuelta

En ese auto, la jueza Rosa María Freire señaló que la querella era «un reflejo de discrepancias personales, profesionales, y, quizás también, de una lucha de poder» interna en Podemos. Una radiografía del estado de salud que vive el segundo partido del Gobierno, cuyo horizonte judicial no ayuda a levantar el ánimo y augura un fuerte desgaste político durante el próximo otoño. Aquel mensaje de Calvente en redes sociales, aderezado con conversaciones anteriores filtradas que estaban incluidas en la causa por acoso, llevaron al juez del caso Villarejo a citarlo para este jueves como testigo (comparecerá por videoconferencia).

Manuel García Castellón tomó esta decisión solo 10 días después de que Calvente tildara de «patraña» el caso Dina. El abogado tendrá que explicar ahora sus palabras y la estrategia procesal que se acordó seguir entonces. En este procedimiento se investiga el robo del móvil a la exasesora de Iglesias en el 2015 y el posterior uso de sus datos. Desde la cúpula morada trataron de convertirlo en una causa general contra la «cloaca policial y mediática» en su «guerra sucia» contra Podemos. Pero al final, tal y como advirtió Calvente, el caso acabó salpicando no solo a la denunciante (Dina Bousselham), sino también al vicepresidente del Gobierno por las diferentes versiones dadas al juez. 

Sobresueldos de 1.000 euros.

El segundo frente abierto también lo protagoniza Calvente. El mismo día que recibió la noticia del archivo de la querella de su compañera Marta Flor, compareció en otro juzgado para ratificar la denuncia que él mismo presentó tras su despido por las supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación. En concreto, tenía «sospechas de cobros bajo mano» de algunos miembros, así como de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados. Calvente eximió entonces a Pablo Iglesias e Irene Montero y apuntó al secretario de organización, Alberto Rodríguez, al responsable económico, Daniel de Frutos, y a la gerente Esther Val.

El juez ha encargado a la policía judicial que identifique quién solicitó 55.000 euros a la caja de solidaridad. En esta causa se investigan delitos de malversación y administración desleal y los investigados han sido citados para el 20 de noviembre junto a un responsable legal de Podemos, imputado como persona jurídica. El último frente judicial llega desde el Tribunal de Cuentas. El 21 de agosto, la Fiscalía del órgano auditor vio necesario remitir a la jurisdicción penal las presuntas irregularidades en unos pagos realizados en la campaña de las generales de abril del 2019. Se trata de la facturación de 290.000 euros a la consultora Neurona Consulting, creada un mes antes.