Anticorrupción pide al juez que impute a Cospedal y a Fernández Díaz por el espionaje a Luis Bárcenas

Acusan a los exministros de pagar con fondos reservados la vigilancia al extesorero del PP

Maria Dolores de Cospedal
Maria Dolores de Cospedal

Madrid / Colpisa

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo que cite a declarar en calidad de investigados a los exministros del Interior Jorge Fernández Díaz, y de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el marco de la pieza separada referida al uso de fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, según han confirmado fuentes jurídicas. El movimiento de Anticorrupción en esta causa declarada secreta llega tras el examen del material informático intervenido a Francisco Martínez, el ex número dos de Interior que ya figura como investigado. Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, aparece en el centro de las pesquisas para aclarar el dispositivo policial -llamado operación Kitchen- creado en el 2013 para vigilar a Bárcenas y sustraerle información sensible en pleno escándalo del caso Gürtel y de la caja B del PP. Una causa por la que el extesorero popular permanece en prisión preventiva. La decisión de citar como investigados a Fernández Díaz y a Cospedal depende ahora del juez Manuel García Castellón, que hasta la fecha ha seguido, en líneas generales, el criterio expuesto por los fiscales anticorrupción de la operación Tándem (caso Villarejo).

La operación Kitchen fue desplegada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (DAO), cuando se encontraba al frente el comisario Eugenio Pino, Martínez era el número dos de Interior, y Fernández Díaz, el ministro del ramo. Más de una decena de policías están siendo investigados por el uso de fondos reservados y de material policial para la vigilancia a Bárcenas. Uno de ellos, el comisario Enrique García Castaño, declaró al juez que la mano derecha de Fernández Díaz centralizaba la información sobre el dispositivo de seguimiento. Del mismo modo, de los fondos reservados saldría el dinero, 2.000 euros al mes durante dos años, que el entonces chófer de Bárcenas recibió para recuperar información de la caja B del PP que poseía el extesorero preso. El conductor Sergio Ríos acabaría luego como funcionario de la Policía Nacional.

En el caso de Cospedal, en aquella época (2013-2015) era la secretaria general de los populares, estaba enfrentada abiertamente con Bárcenas tras su famoso despido "en diferido" y tenía relación estrecha con uno de los policías investigados, Andrés Gómez Gordo, de su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. 

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