La negociación de las cuentas amaga con frenar los planes del Gobierno de coalición

El acercamiento de Cs al PSOE amordaza las propuestas estrella de UP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Madrid / Colpisa

«Los presupuestos saldrán, no hay plan B». Desde que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pronunciara esta frase el pasado junio, las piezas en el tablero político nacional y territorial han variado sustancialmente. Mientras los aliados que posibilitaron la investidura de Sánchez observan con recelo el acercamiento entre PSOE y Ciudadanos, la formación morada está sumida en un debate interno por la pérdida de poder autonómico tras las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.

También se enfrentan a varias causas judiciales, una de ellas por supuestos delitos de malversación y administración desleal. En medio de esta marejada, cada vez cala más la idea entre sus filas de que deberán ceder en los acuerdos programáticos firmados con los socialistas si quieren llevar a buen puerto la legislatura.

El tiempo apremia y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera llevar al Congreso el proyecto de presupuestos «en octubre o a finales de septiembre». Un movimiento que se desarrollará bajo la atenta mirada de Bruselas, que condiciona la ayuda de 140.000 millones que recibirá España para paliar la crisis del coronavirus a que el Ejecutivo emprenda «una política fiscal prudente» y «garantizar la sostenibilidad de la deuda».

Sánchez e Iglesias presumen de que ya han logrado sacar adelante «el 50 % de las propuestas» que firmaron en diciembre, pero aún quedan reformas de calado con difícil encaje dentro de la coyuntura política y económica en la que está inmersa el país. Es el caso de la derogación de la reforma laboral, que el Gobierno ya amagó con tumbar de forma íntegra a finales de mayo para amarrar el apoyo de Bildu a la prórroga del estado de alarma. Sin embargo, la Unión Europea ha sido explícita en cuanto al mercado laboral español, sobre el que pide «incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones».

En la misma situación se encuentra la propuesta de blindar constitucionalmente la subida de las pensiones para revalorizarlas con el IPC, algo que viene sucediendo de hecho desde el 2018, pero que se verá lastrada por la petición de Bruselas de buscar mecanismos compensatorios, como la posibilidad de retrasar la edad de jubilación. 

Reformas fiscales

En Ciudadanos, cuyo apoyo a los presupuestos es bien recibido por los socialistas, que apuestan por lograr «acuerdos transversales», también se mueven en esa línea. Su candidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa, se muestra convencido de que es necesario que su formación apoye las cuentas públicas, y añade un matiz de importancia: «Evitar que las condicione Podemos». Los liberales ya tildaron de «surrealistas» algunas propuestas de los de Iglesias y se niegan a sumarse a la reforma fiscal que propone Podemos.

Desde el sector morado del Gobierno, esta estrategia se percibe cada vez más como un ataque y «un giro a la derecha», como calificó la ministra de Igualdad, Irene Montero, la reunión que la vicepresidenta Carmen Calvo mantuvo el día 3 con miembros del partido naranja. Y están dispuestos a vender caro el terreno político ganado. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya avisó de que los 35 diputados de la formación «no son compatibles» con la entrada de los naranjas en la negociación.

Otro problema para la coalición es que tampoco tiene atados por la izquierda los votos para sacar adelante los presupuestos. Con sus 13 diputados, ERC se mantiene como uno de los principales apoyos, pero su capacidad de movimiento se encuentra limitada por la incertidumbre de la fecha de las elecciones en Cataluña, donde mantiene un pulso con JxCat y con el nuevo partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Además, los de Gabriel Rufián no solo exigen el regreso de la mesa de negociación «con contenidos para solucionar el conflicto político en Cataluña», también reclaman un «gesto» con los condenados por el procés.

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