La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve delito en gastos electorales de Podemos

Detecta anomalías en un contrato de 363.000 euros y envía los hechos a la Justicia

Pablo Iglesias e Irene Montero, en una imagen de la noche electoral del 10 de noviembre del 2019
Pablo Iglesias e Irene Montero, en una imagen de la noche electoral del 10 de noviembre del 2019

Madrid / Colpisa

Un contrato de Unidas Podemos con la consultora Neurona Comunidad -filial de una empresa mexicana del mismo nombre- para las elecciones generales del 28 de abril del 2019, por importe de 363.000 euros, pudo ser simulado y justificado dentro de la partida de gastos electorales del partido. Es lo que entiende la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en un informe del pasado 27 de julio en el que aprecia la posible existencia de indicios delictivos en los servicios facturados a esta empresa. Las pesquisas se enmarcan en el procedimiento de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos durante las pasadas elecciones generales. El departamento público ha apreciado «irregularidades» que serán remitidas ahora al órgano competente: la Fiscalía Provincial de Madrid. Este ministerio tendrá que determinar si los hechos tienen relevancia penal, en este caso delito electoral y/o falsedad documental, y su posterior judicialización o el archivo de las diligencias.

Según avanzó este viernes la Cadena Ser y confirmó la Fiscalía General del Estado, en el informe del fiscal Miguel Ángel Torres llama la atención que Neurona Comunidad SL  -filial de Neurona Consulting, administrada por el periodista César Hernández y con una dilatada experiencia en campañas electorales en América- se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo del 2019, unos 15 días antes de facturar a Unidas Podemos, o el hecho de que no coincida su objeto social con las prestaciones contratadas por la formación. Por este motivo, sospecha que el contrato pudo ser simulado y enmascarado en el capítulo de gastos electorales.

Lo más probable es que este informe, de confirmarse los indicios delictivos, se incluya en la documentación de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid tras la denuncia del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos el año pasado tras ser acusado por una compañera por acoso sexual (una causa que fue archivada por un juzgado). El juez Juan José Escalonilla investiga a varios cargos de Podemos, entre ellos al gerente, al tesorero y al responsable de comunicación, y al partido como persona jurídica, por delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal y administración desleal. Calvente puso la denuncia en Barcelona. El Juzgado de Instrucción número dos de Martorell recibió el atestado de la Guardia Civil y se inhibió en favor de los juzgados ordinarios de Madrid, ya que los hechos denunciados, de haberse producido, se habrían producido en esta ciudad, donde Podemos tiene su sede central. 

Montero invita a investigar

Las primeras reacciones a la información del Tribunal de Cuentas no tardaron en llegar. Irene Montero, ministra de Igualdad y número dos de Unidas Podemos, instó a que la Justicia «investigue todo lo que tenga que investigar». «Que hagan su trabajo con todo su rigor, que investigue todo lo que tenga que investigar, como ya ha pasado en decenas de ocasiones» con Unidas Podemos.

Montero, en RNE, señaló que en su partido tienen «memoria» y que se les ha «montado escándalos» y montajes judiciales y se han fabricado pruebas falsas contra ellos en decenas de ocasiones: «Todo ha terminado siempre archivado, sin embargo, el daño de horas y horas de tertulias, de conversaciones en los medios de comunicación sobre ello, no ha sido reparado», dijo. La ministra aseguró que Unidas Podemos dará todas las explicaciones porque «cree en la transparencia», pero negó que sus dirigentes vayan a estar todo el tiempo hablando de sí mismos porque no se van a distraer de su tarea de gobierno. Por su parte, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, reclamó a Pablo Iglesias que cumpla su palabra, dé explicaciones y deje la vicepresidencia.

Montero defiende los escraches, pero acusa a Robles de «blanquear el acoso» a su familia 

Nuevo roce en el Gobierno de coalición entre representantes de las dos formaciones políticas que integran el Consejo de Ministros. La responsable de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, acusó ayer a la titular de Defensa y exportavoz parlamentaria del grupo socialista en el Congreso, Margarita Robles, de «blanquear el acoso» del que supuestamente están siendo víctimas los dos máximos responsables de la formación morada, una operación según Montero orquestada desde «la ultraderecha» y que ha motivado que la familia que ha formado junto al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, interrumpiera sus vacaciones en Asturias.

Recientemente, Robles condenó cualquier tipo de escrache, incluidos los legitimados en su día por Pablo Iglesias con gobernantes de centroderecha como víctimas, acciones contra Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy o Cifuentes a los que el secretario general de Podemos se refirió como «jarabe democrático». En una entrevista concedida ayer a RNE, Montero «discrepó» de su compañera en el Consejo de Ministros al entender que «el escrache está reconocido incluso por la propia justicia española como una forma legítima de protesta», pero las supuestas acciones que soporta su familia son un «hostigamiento» con el único objetivo de «sacar del Gobierno» a Unidas Podemos.

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