El frente judicial que encaran amenaza con debilitarlos frente al PSOE
16 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Entre todas las vicisitudes a las que los dirigentes de Podemos esperaban enfrentarse a principios del 2020, cuando entraron en el Gobierno de la mano del PSOE, no se encontraba la de atravesar un otoño salpicado por la comparecencia de varios miembros de su cúpula en los tribunales. Los de Iglesias han visto en tan solo tres meses como el caso Dina, una pieza del caso Villarejo que ellos mismo impulsaron para respaldar su teoría de las «cloacas del Estado», se les empieza a volver en contra. El pasado martes, además, el juez Juan José Escalonilla abría diligencias e imputaba al partido, como persona jurídica; al secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Val, tras las acusaciones de malversación y administración desleal formuladas por el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, al que despidieron en diciembre del 2019.
El comienzo de este particular vía crucis está a la vuelta de la esquina y en un momento delicado de la legislatura. Con las negociaciones de los Presupuestos, la moción de censura que prepara Vox y el debate sobre la monarquía como telón de fondo, la presión a la que estarán sometidos en el Congreso amenaza con debilitar todavía más su posición política.
En el PP, diana durante muchos años de los ataques de Iglesias, no van a dejar pasar esta oportunidad para hacer mella en el Ejecutivo. Tampoco en Cs, partido que desde la llegada de Arrimadas a su presidencia se ha ido acercando paulatinamente a los socialistas para intentar aislar a sus rivales a la derecha mientras siembran la desconfianza en las filas de Podemos.
Comparecencias judiciales
En medio de este caldo de cultivo, la primera fecha judicial clave está fijada para el próximo 2 de septiembre, cuando Calvente comparezca en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Villarejo. El excoordinador legal de Podemos mantiene que se opuso frontalmente a la estrategia de utilizar políticamente el robo del móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bouselham, para alentar la existencia de una «policía patriótica» que habría sido puesta en marcha por los populares. También vincula su despido a esta situación, sobre todo después de que el líder del partido, que perdió su condición de perjudicado en la causa, confesara en una entrevista en TVE que había retenido la tarjeta SIM del teléfono de su colaboradora sin el conocimiento de esta «para quitarle presión». Antes de despedir a Calvente, el partido le acusó de acosar sexualmente a una compañera, causa ya archivada por la justicia el mismo día que Calvente prestó declaración ante el juez Escalonilla.
El abogado habló de «cobros bajo mano» y de sobresueldos no justificados, aunque lo hizo sin pruebas concretas y alegando algunas inexactitudes basadas en, según su declaración, «rumores» y «comentarios». Por ello, desde Podemos reaccionaron atacando a Calvente, al que acusan de aportar «datos sin consistencia» y de «violar al secreto profesional», como afirmó el miércoles el portavoz de la formación, Rafa Mayoral, que también confirmó que han presentado un escrito ante el juzgado donde se pide la «nulidad» de la declaración
Pero el momento clave no llegará hasta el 20 de noviembre. Ese día han sido citados a declarar Del Olmo, Frutos y Val. Desde Podemos están convencidos de que durante los tres meses que median hasta ese momento la oposición presionará a Sánchez con el objetivo de buscar la dimisión de Iglesias. El presidente ya defendió el miércoles pasado, tras su encuentro en Palma con el Rey, la cohesión con sus socios de Gobierno y evitó valorar las decisiones del juez. Iglesias rompió el viernes su silencio para negar la existencia de una caja B y azuzar el debate sobre un «horizonte republicano».