Sin embargo, fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que la misma podría salpicar de lleno a otros dos pesos pesados de la formación morada. En primer lugar, el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, que a pesar de no ostentar ningún cargo oficial tras su salida hace unos años coincidiendo con una irregularidad fiscal, nadie duda de su ascendencia dentro de las filas moradas. El Tribunal de Cuentas apreció anomalías en la contratación de la consultora política de cabecera de Podemos, Neurona, durante las campañas electorales del 2019. Monedero siempre eludió cualquier responsabilidad dentro de esta compañía, pero el magistrado ha requerido un informe mercantil para conocer su papel como supuesto intermediario.
La otra persona bajo sospecha sí forma parte de la actual dirección del partido. Se trata del secretario de relaciones con la sociedad civil y movimientos sociales, Rafa Mayoral, al que Calvente apunta como principal responsable de la llamada caja de resistencia del partido y que el exabogado de Podemos describe su funcionamiento como una auténtica caja B mediante la que la formación afrontaba pagos opacos, en ocasiones a empresas vinculadas directamente con miembros del partido. Calvente destaca en su denuncia uno de 50.000 euros a la sociedad 404 Comunicación Popular, bajo control de Christian Navarro, encargado de la Acción Institucional de Podemos. En la misma, Mayoral aparece como máximo responsable de esa supuesta caja B dentro del partido, pero su condición de aforado gracias a su escaño en el Congreso deja sin competencias al magistrado Escalonilla, cuyo ámbito de actuación se limitaría a elevar un informe al Tribunal Supremo, que en caso de apreciar evidencias sería el único organismo con capacidad para imputarlo. Sin embargo, fuentes de la investigación apuntan a que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid aguardará a las declaraciones de los encausados, previstas para el próximo 20 de noviembre, antes de decidir sobre ello.
