La imagen que tengo del Juan Carlos I es la del 23F. Un episodio que los gallegos vivimos —más allá del temor que asoló España— como un hecho que trastocaba nuestro proceso autonómico, que cerró —como un símbolo— el Pazo de Raxoi, y que pudo dejarnos, como en 1936, con la miel en la boca y el Estatuto en las manos.

Mi imagen, sin embargo, no es la del monarca de pulso firme, que después hemos creado, sino la del rey que no compareció ni dio pistas sobre su situación hasta que el golpe estaba fracasado, y que dio a los militares una orden serodia, que el inmenso valor y audacia del Gobierno de subsecretarios y de muchos mandos militares y policiales habían hecho innecesaria. Me extraña que, a pesar de aquella imagen bipolar, siga vivo el falso mito del rey-pastor, que regresó al redil a las negras ovejas sublevadas. Por eso elijo esta perspectiva gallega para contarles cómo veo yo la profunda crisis de la monarquía, y cuanto me duelen los errores cometidos.

La única condición que debe cumplir un rey es la de ser legítimo. Lo de ser virtuoso, perspicaz, inteligente, estratega, alto, bien casado, con hijos rubios y aplicados, no le hace ningún daño, pero no son cualidades imprescindibles para ser rey. Más aún, de acuerdo con la Constitución Española, si un rey tuviese dos hijos, el mayor gordo como King Jon-un, moreno como Morales, fino como Maduro y equilibrado como Trump; y el pequeño un modelo como Felipe VI, y con todas las excelentes y prescindibles virtudes que cité más arriba, heredaría el primero la Corona, mientras el segundo pasaría la vida jugando al golf.

Si esto nos lo hubiesen enseñado al inicio de la Transición, cuando Fernández Miranda y Suárez abandonaron la idea de un franquismo remozado y pusieron rumbo a la constitución democrática, hubiésemos tenido dos opciones que solo dependían de un acto de voluntad política. La primera, difícil y arriesgada, consistía en romper el cordón umbilical con el franquismo e instaurar una legítima república. Y la segunda, haber asumido en la Constitución una refundación monárquica que legitimase ex novo a don Juan de Borbón. Pero nadie se atrevió a proponer una radical ruptura democrática, ni a asumir el riesgo de un debate constitucional en el que se hubiese abordado de manera expresa, y con todas las consecuencias, el cleavage monarquía-república que subyace desde hace dos siglos en la política española.

Como no quisimos hacerlo así, optamos por meter en el pack de la Transición («lo tomas o lo dejas») la restauración monárquica de Franco. Y al no explicar las razones ni las consecuencias de esta opción, entramos en una dialéctica viciosa de la que nos es muy difícil salir.

Porque la Constitución de 1978, que sigue siendo garantía de convivencia democrática, no pudo evitar que buena parte de los ciudadanos asumiesen la monarquía como un artificio que restaba legitimidad al sistema. Y eso nos obligó a iniciar un proceso de legitimación de segunda mano, dorado con toneladas de purpurina, cuya esencia consistía en convertir a Juan Carlos I en un hombre providencial, al que convenimos en atribuirle la arquitectura de la Transición, el temple y la inteligencia para gestionarla, el heroísmo que hizo fracasar el 23F, la imagen exterior de España, y el arbitraje que nos permitió realizar un excelente juego de partidos y alternancias. Y, por si esto no fuese suficiente, lo hicimos también virtuoso, perspicaz, inteligente, estratega, y mejor motorista que Márquez.

Dado que casi nada de eso era verdad, salvo algo que diré a continuación, nos metimos en un círculo de simulaciones y ocultaciones que pusieron a la Casa Real en riesgo de ser manejada por negociantes, figurones y cortesanas, con la pésima consecuencia de entrar en la crisis del siglo XXI con un rey envejecido que hacía aguas por todos los pliegues de su falsa imagen.

La única aportación de Juan Carlos a la España actual (que tuvo enorme y crucial importancia) fue la de renunciar a los poderes excepcionales de la Jefatura del Estado preconstitucional, para dejarse guiar, sin estorbar, por los artífices del cambio y la democracia. Hay que decir, sin embargo, que aquellos grandes políticos cometieron un grave error, al reducir de tal manera el papel del rey —que reina, pero ni gobierna, ni dice nada que no sea tópico— que convirtieron la institución en algo casi irrelevante, una especie de república coronada («ni chicha ni limoná», dijo Clavero Arévalo) que muchos ciudadanos consideran perfectamente prescindible.

La crisis sistémica y constitucional que tenemos ahora no es más grave que otros episodios sufridos por las monarquías europeas en la historia reciente. Pero nuestra tragedia es que, en vez de asistir a la decadencia de un rey de carne y hueso al que sustituye otro, se nos está derrumbando la estatua de barro dorado que habíamos construido, cuya polvareda, como si hubiese caído un meteorito, oscurece el sol. Conviene saber, además, que parte de los errores que cometimos con el padre ya los estamos repitiendo con el hijo, que, aunque tiene a la vista la lección del mito colapsado, puede ser víctima de un entorno banal y poco experto -revisen, si no, su tardío discurso sobre Cataluña, o su periplo por la pandemia- que lo lleve a similar irrelevancia.

No comparto las tendencias que alientan una urgente constitución republicana. Pero comprendo que este debate se haya instalado con una fuerza inusitada en España. Y por eso precipito el final de este artículo recordando que ahora el mayor error que podemos cometer es el de olvidar —otra vez— que la política no se hace para lucimiento de las masas, sino para administrar recursos e intereses que determinan nuestro modo de vivir. Por eso deberíamos evitar la compra de una tarde de gloria a costa de asumir un siglo de desgracias. Derribar ahora la monarquía sería un gravísimo caos. Y eso nos previene para dar los próximos pasos pensando en el pan, y no en el circo.

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Así veo la monarquía desde mi «Torre vixía»