En el palacio de la Zarzuela son muy conscientes de que el escenario más optimista de la vuelta de vacaciones es que la comparecencia de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y José Manuel Villarejo quedará en simple ruido mediático. Para alivio de la Casa del Rey, no habrá una nube de fotógrafos y cámaras detrás de captar la imagen de la noble alemana haciendo el paseíllo para entrar en el tribunal de la calle Génova porque declarará por videoconferencia. En resumen, se trata de aguantar un nuevo chaparrón de horas de análisis de tertulianos.
Pero ni en Zarzuela ni en la propia Audiencia Nacional saben hasta dónde quiere llegar el juez instructor, Manuel García Castellón, con su citación. Y, sobre todo, si el instructor quiere investigar las gravísimas acusaciones que la amiga del rey emérito hizo contra el exjefe del Estado. El magistrado, explican en círculos judiciales, sí que podría indagar sobre la «verosimilitud» de las palabras de la empresaria alemana. Incluso, preguntarle por ello. Pero debería abandonar la investigación si llegara a tener «indicios serios» de que las aseveraciones de Corinna tienen «visos de ser reales».
En ese momento, debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo, por la condición de aforado de don Juan Carlos de Borbón, y remitirle toda su investigación, para que determine si hay elementos o no para abrir una o varias causas penales. En el Tribunal Supremo, de hecho, la Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación sobre las presuntas mordidas percibidas por el emérito por el contrato del AVE en Arabia Saudí a un consorcio de empresas españolas.
Hasta ahora, la Fiscalía se ha nutrido exclusivamente de las informaciones procedentes de las autoridades judiciales suizas. Anticorrupción tendría ahora una segunda fuente para corroborar esas sospechas y acelerar la investigación.