Reclama su inmediato ingreso en prisión tras las últimas decisiones del Supremo
30 jul 2020 . Actualizado a las 14:02 h.La Fiscalía ha recurrido el tercer grado concedido por la Generalitat el pasado 14 de julio a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa y ha pedido al juzgado de vigilancia penitenciaria que suspenda de forma inmediata su semilibertad, mientras resuelve el fondo del asunto.
Así lo solicita en tres escritos la Fiscalía Provincial de Barcelona, después de que el pasado martes, 28 de julio, ya lograse que el juez de vigilancia penitenciaria dejara sin efecto de forma cautelar el tercer grado del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn y Raül Romeva y los Jordis.
De esta forma, la Fiscalía, que el pasado martes también recurrió el tercer grado de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, aunque en este caso aún sigue a la espera de que el juez resuelva sobre su suspensión cautelar, ya ha llevado al juzgado de vigilancia penitenciaria la semilibertad que la Generalitat ha concedido a los nueve presos del procés.
Si el juzgado de vigilancia penitenciaria accede a la petición fiscal para suspender de forma inmediata su semilibertad, Turull, Rull y Bassa volverían a un segundo grado estricto, incluso sin las salidas laborales y de voluntariado en aplicación del artículo 100.2, al menos hasta que las respectivas juntas de tratamiento lo volvieran a plantear.
No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió ayer al alto tribunal que, a medida que le lleguen los recursos sobre la aplicación del 100.2 a los presos del procés los suspenda inmediatamente de forma cautelar, lo que también cerraría la puerta a que volvieran a salir para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar de familiares dependientes.
En sus recursos contra el tercer grado de Turull, Rull y Bassa, la Fiscalía esgrime argumentos parecidos a los que expuso en los escritos para revocar la semilibertad de los otros seis presos del procés, en el sentido de que la educación y resocialización de los internos no son las únicas finalidades de la pena de cárcel, ya que no es «menos importante» que experimenten la «culpabilidad» y que su encarcelamiento es «algo merecido».
En el caso de Turull, Rull y Bassa, la Fiscalía advierte de que aún no están preparados para pasar al tercer grado, porque no han seguido en prisión un curso para aprender a vivir «respetando el elenco de mandatos y prohibiciones contenidos en la ley penal».
Pese a que los exconsejeros reconocen las consecuencias de sus hechos, el fiscal sostiene que siguen sin admitir que cometieron el delito y no han seguido ningún programa de tratamiento sobre los «déficit» que les llevaron a delinquir: «falta de respeto a las leyes y a los tribunales, creencia de un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional y creencia de su capacidad para interpretar la voluntad popular».
Por este motivo, insiste que el programa de tratamiento que deberían seguir tendría que enseñarles a respetar la ley y a que solo se puede conseguir lo que se desea mediante los mecanismos legalmente establecidos, «de manera que un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma».
Como en la mayoría de los escritos en que la Fiscalía pide que se revoque el 100.2 o el tercer grado de los presos del procés, el ministerio público subraya que no están en prisión por querer transformar la estructura del Estado, un fin que ve «totalmente legítimo y respetable», sino por «querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos».