Podría alejar a ERC del Gobierno y acentuar el victimismo independentista
28 jul 2020 . Actualizado a las 16:09 h.La resolución del Tribunal Supremo que toma en consideración el recurso de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad concedido a Carme Forcadell abre a puerta a denegar el tercer grado a los demás condenados del procés. Esta decisión puede tener consecuencias políticas, que afectarían incluso en el ámbito nacional, según los expertos consultados por La Voz.
¿Por qué ha tomado esta decisión el Supremo?
Sergio Nuño Díez de la Lastra, experto en Derecho Penal Procesal, lo explica: «El Tribunal Supremo asume la competencia de revisar los permisos de Forcadell como tribunal sentenciador, dejando fuera el criterio territorial que ha regido en otros asuntos y que atribuye la competencia a la audiencia provincial del lugar donde radica el centro penitenciario». Asegura que «es un aviso del sentido que seguirán las futuras resoluciones de los recursos que vayan llegando a la sala para su resolución, tanto de Forcadell como del resto de condenados». «El significado o argumentos utilizados para revocar los permisos descansan en la falta de conexión entre los programas propuestos por la junta de tratamiento y el proceso de reinserción social de la penada, que en ningún caso puede obviarse en los delitos por los que fue condenada», concluye.
¿Qué trascendencia jurídica tiene?
Como ha explicado en este diario Roberto L. Blanco Valdés, el alto tribunal «sienta tres principios de extraordinaria relevancia, pues afectarán también cuando proceda a los condenados del procés». Primero, que «al aplicarle a la expresidenta del Parlamento catalán lo previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se le concedía de facto un régimen de semilibertad, sin que hubiera cumplido siquiera la cuarta parte de su condena y sin que el tratamiento concedido guardase conexión con la reinserción exigida por el delito cometido». En segundo lugar, que ese artículo «va más allá de la aprobación de un programa individualizado de tratamiento y afecta a la clasificación del penado». Y tercero, que, «dado lo anterior, el tribunal competente para conocer de las apelaciones contra los actos de la administración penitenciaria cuando aplique el artículo 100.2 es el órgano sentenciador».
¿Afectará a todos los condenados?
«Previsiblemente sí al ser todos condenados en el mismo procedimiento», señala Díez de la Lastra. «Si desde la junta de tratamiento del centro penitenciario se acuerdan nuevos permisos o reclasificaciones en grado, y por el juzgado de Lérida prosigue en la interpretación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario antes de que los condenados hubiesen cumplido al menos una cuarta parte de la condena, el Supremo hará valer su criterio como tribunal de apelación», afirma.
«Si se han recurrido también los demás casos de aplicación del artículo 100.2 cabe pronosticar que la respuesta será la misma», asegura Xavier Arbós. «A no ser que las alegaciones lleguen a convencer al Supremo de que el tipo de actividades externas es un medio idóneo para la reinserción en consideración del delito por el que se cumple la pena, cosa que me parece poco probable», estima.
¿Qué consecuencias políticas podría tener?
«Sería un regalo para Puigdemont», considera Arbós. «Los presos no podrán intervenir en la campaña libremente, y eso perjudica a ERC, que no podrá disponer de Junqueras, su líder más carismático», explica. «Menos competencia para Puigdemont y sus seguidores, que verán en la privación del tercer grado un argumento útil para denunciar la represión del Estado y aumentar así la dimensión emocional de la campaña», afirma. «Cualquier acción que el independentismo pueda utilizar para seguir alimentando su relato victimista y contra España será utilizado», opina Verónica Fumanal. «El llamado procés ha acabado, pero necesitan que los independentistas sigan creyendo que no», añade.
¿Puede tener repercusión en la negociación de los presupuestos?
«Se abre un frente complicado para el Gobierno, ya que a la gestión de la crisis sanitaria, que se reactiva, se le une la reactivación del conflicto independentista, que podría condicionar el apoyo parlamentario de ERC», asegura Santiago Martínez. «Así que Sánchez tendrá dos frentes abiertos, por lo que un previsible apoyo de Ciudadanos se mostrará muy importante», concluye. En su opinión, podría tener repercusión en la negociación de los presupuestos, «sobre todo porque ERC forzaría al Gobierno a tener que pactar con Ciudadanos su aprobación, que vendería su apoyo como un acuerdo en el que logran que el presidente rompa con los separatistas». Lo que «generaría tensiones en el Gobierno entre Podemos y PSOE, así que esta decisión podría suponer un giro total en el juego de relaciones y alianzas parlamentarias en todo el Estado».
«Lo que más puede afectar a la relación con el Gobierno es que las elecciones de Cataluña se celebren al mismo tiempo que la negociación de los presupuestos, en cuyo caso es muy difícil que los apoyen», señala Fumanal «Sin embargo, el Gobierno tiene un nuevo aliado para suplirlo, Cs, afirma.
Unas elecciones en el horizonte sin Puigdemont ni Junqueras como candidatos y Madrid en el punto de mira
Ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont, los dos grandes rivales políticos hoy muy distanciados, podrían ser candidatos en las elecciones catalanas. Martínez prevé que si no se concede el tercer grado a Junqueras y los demás políticos presos «argumentarán que España es un Estado represor donde el Supremo vulnera los derechos fundamentales de los presos, por lo que probablemente amenazarán con acudir a los tribunales europeos y así darle foco internacional una vez más al conflicto». «A pesar de las malas relaciones, necesitan alimentar la falacia de la unidad de acción», sostiene Fumanal.
«La ley electoral española es muy clara: no podrán presentarse como candidatos aquellos que estén condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena», explica Díez de la Lastra. «En octubre todos los condenados seguirán el cumplimiento de condena en prisión, siendo Sánchez, Cuixart y Forn los únicos que en la actualidad tienen cumplida una cuarta parte de la condena y pueden empezar a acceder a permisos penitenciarios, pero no al tercer grado o régimen de semilibertad como ha indicado el Supremo», añade. «Rull cumplirá la cuarta parte de la condena en octubre, y el resto de condenados, Junqueras, Romeva, Bassa, Turull y Forcadell lo harán en el 2021, por lo que de acuerdo con la normativa electoral y el pronunciamiento contenido en la sentencia condenatoria, no podrán presentarse como candidatos a las elecciones autonómicas previstas», concluye.