Los exdiputados del Parlament aluden a su «inviolabilidad parlamentaria» en su defensa
ESPAÑA
La Fiscalía responde que este «no es un derecho ilimitado»
21 jul 2020 . Actualizado a las 17:17 h.Las defensas de los exmiembros de la Mesa del Parlament juzgados este martes por presunta desobediencia han hecho referencia al derecho a la inviolabilidad parlamentaria de los procesados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Según el abogado de Anna Simó (ERC), en declaraciones recogidas por Europa Press, «(los acusados) están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, que entendemos que es un reflejo de la protección de los derechos fundamentales». Una afirmación que también alude a los otros procesados en el juicio: Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí) y Mireia Boya (CUP).
Sin embargo, el fiscal, Pedro Ariche, ha aclarado que la garantía de inviolabilidad de la actuación parlamentaria es un derecho de los diputados, «pero no es un derecho ilimitado y no debe ser transgredido, utilizado contra los derechos a su vez igualmente importantes de otros diputados o una parte de la ciudadanía».
A esto ha añadido que ningún poder del Estado prevalece sobre otro, así que admitir esta «inviolabilidad» «sería eliminar la teoría de separación de poderes».
Todas las defensas de los acusados se han adherido aún así a este argumento en la fase de cuestiones previas del juicio, por el que los exdiputados se enfrentan a una condena de un año y ocho meses de inhabilitación por supuestamente desoír al Tribunal Constitucional (TC) y tramitar leyes favorables al proceso independentista.
El abogado de Simó ha recalcado que la inviolabilidad parlamentaria está recogida en el Estatut, en la Constitución y en las normas europeas, y vinculada a los derechos de libertad ideológica, reunión y expresión; y sobre el procedimiento ha asegurado que «las actuaciones son nulas en derecho por haberse superado el límite de la jurisdicción».
Por su parte, la abogada de los miembros de JxSí, se ha referido al mismo tema para asegurar que los acusados «lo único que hicieron fue garantizar los derechos fundamentales de libertad de expresión, la garantía institucional de separación de poderes y, en definitiva, el principio de autonomía parlamentaria». «No piden inviolabilidad para su persona, piden inviolabilidad para la función que ejercían, que es una función parlamentaria», ha añadido.
Las tres defensas de los acusados en el juicio han presentado por separado las cuestiones previas que todos comparten: además de la inviolabilidad, han alegado que la Abogacía del Estado «carece de legitimación para ejercer la acusación en este procedimiento» y han rechazado la petición de la acusación popular --ejercida por Vox-- de condenarles por un delito de organización criminal, si bien el partido ha retirado esta acusación al iniciar la primera sesión del juicio.
La respuesta del fiscal Ariche ha sido defender la diferencia del voto parlamentario en el pleno al de los miembros de la Mesa, considerando que esta tiene «una función gubernativa», y ha asegurado que no se les juzga por apoyar o no determinadas leyes, lo que no sería enjuiciable.
La abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, se ha pronunciado en el mismo sentido, defendiendo que la inviolabilidad parlamentaria se circunscribe a los votos y opiniones de los diputados al ejercer funciones parlamentarias y «no es absoluta e ilimitada».