El PP quiere impedir semilibertad de presos no arrepentidos como los del procés

El partido ha presentado en el Congreso iniciativas para evitar beneficios penitenciarios a este tipo de condenados

El exvicepresident de la Generalitat y preso del 'Procés', Oriol Junqueras, declara ante la Comisión de Investigación de la aplicación del 155 en Catalunya, en el Parlament de Catalunya el pasado enero
El exvicepresident de la Generalitat y preso del 'Procés', Oriol Junqueras, declara ante la Comisión de Investigación de la aplicación del 155 en Catalunya, en el Parlament de Catalunya el pasado enero

Redacción / Agencias

El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados iniciativas en las que pide medidas para evitar beneficios penitenciarios a condenados por sedición que no se arrepienten como la semilibertad concedida por la Generalitat de Cataluña a los nueve líderes independentistas condenados por el procés.

La Generalitat ha aprobado este régimen para los presos condenados por su participación en el procés, de manera que solamente tendrán que ir a la cárcel a dormir entre semana, una medida que podrá ser revisada por el Tribunal Supremo. Una situación en la que el partido popular considera que «el tratamiento penitenciario no puede vaciar el contenido del Código Penal».

Por este motivo, según informa la agencia Efe, el grupo popular ha presentado distintas preguntas al Gobierno en relación a los «privilegios penitenciarios» en las que argumenta que «en la sociedad española preocupan las actuaciones realizadas por distintas instituciones públicas que están suponiendo de hecho beneficios para los condenados por sedición».

El PP entiende que estos presos están disfrutando de los beneficios penitenciarios del artículo 100.2 del Código Penal, «dejando de facto en papel mojado las penas impuestas por unos delitos de especial gravedad». Insisten en que la aplicación de este artículo está prevista de manera excepcional e individualizada, pero consideran que se están ejerciendo con «carácter general». «Igual sucede con la reciente propuesta de progresión de grado para estos reclusos mediante la aplicación del artículo 72 de la ley general penitenciaria cuando es evidente que por la evolución de su tratamiento no se están haciendo merecedores» añaden.

Los diputados populares advierten que no se está teniendo en cuenta la falta de arrepentimiento de los penados, quienes incluso «afirman que los volverán a cometer», con lo consideran constatado «que estos presos no están reinsertados ni en camino de ello».

Por estos motivos, el PP propone al Gobierno que para obtener el acceso a un nuevo grado penitenciario se exija que los reclusos condenador por delitos especialmente graves renieguen de esos actos delictivos, muestren arrepentimiento y signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir y colaboren activamente para impedir la comisión de otros análogos.

En su propuesta no de ley insta al Gobierno a que adopte medidas para garantizar una correcta aplicación de las penas impuestas a los penados por delitos de sedición y contra la Constitución, así como a los de terrorismo. Concretamente, sugiere impulsar modificaciones legislativas para garantizar la correcta aplicación por las autoridades autonómicas catalanas de las normas penitenciarias cuya competencia tienen transferidas e impedir el pase al tercer grado de los condenados por delitos de sedición.

El grupo popular pide reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia, introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal. 

Además, plantea renunciar a cualquier negociación  para traspasar competencias penitenciarias al País Vasco, paralizar la política de acercamiento de presos condenados por terrorismo e impedir los homenajes públicos a terroristas. Por último, modificar la ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.  

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