El Gobierno desliga a Felipe VI de las presuntas irregularidades de su padre

Afirma que la Justicia debe ser igual para todos y que las responsabilidades son individuales

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el consejo de ministros

Madrid / La Voz

El Gobierno exime al rey Felipe VI de cualquier responsabilidad en las presuntas irregularidades que hubiera podido cometer su padre, Juan Carlos I, porque «las responsabilidades son individuales» y las instituciones están por encima de las personas. El Ejecutivo trata de establecer una clara línea divisoria entre el anterior jefe del Estado y el actual monarca que, según recordó ayer, ya renunció a la herencia de su padre que pudiera corresponderle por el cobro de comisiones ilegales o por cualquier otro medio ilícito.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, se refirieron, en presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a las informaciones que implican al rey emérito en la presunta ocultación de una comisión de 64,8 millones de euros por la concesión del AVE a la Meca. Aseguraron que «la Justicia tiene que ser igual para todos» y también que se debe respetar la presunción de inocencia. Pero precisaron que las investigaciones en marcha en Suiza afectan exclusivamente «a las personas involucradas» y no al actual jefe del Estado, «porque no se le está investigando a él, sino al anterior».

Desde la Moncloa se transmitió con ello un mensaje «de tranquilidad» sobre la Justicia y de confianza en las instituciones. 

Creación de una sociedad opaca

Aunque en España no hay ninguna causa en marcha y solo se han abierto diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el ministerio público suizo investiga las comisiones ilegales en la construcción del AVE a la Meca. Las autoridades del país helvético han remitido a España documentación sobre el presunto ocultamiento por parte de Juan Carlos I de 64,8 millones de euros donados por el rey Abdulá de Arabia Saudí, y que podrían formar parte de esas comisiones. La firma del anterior jefe del Estado aparece en un acta del año 2011 que modificaba los estatutos de la Fundación Lucum, creada en el 2008 en Panamá, y que habría sido utilizada como pantalla para ocultar y gestionar esos fondos, depositados en una cuenta en Suiza.

Según ese documento, publicado ayer por el diario El Confidencial, Juan Carlos I sería el «primer beneficiario» de ese dinero, que pasaría a manos del rey Felipe VI, que figura como «segundo beneficiario». El actual monarca ya renunció ante notario en abril del 2019 a «cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum» y retiró a su padre la asignación presupuestaria del Estado. 

Firma del rey emérito

La firma manuscrita de Juan Carlos I junto a la del financiero suizo Arturo Fasana y el abogado de la misma nacionalidad Dante Canónica, que aparecían como presidente y secretario del consejo en la creación de la fundación, pero que eran en realidad testaferros del rey emérito, implicaría que, tal y como declaró Canónica ante la Fiscalía suiza, Juan Carlos I conocía la creación de la sociedad y participó directamente en el diseño de una estructura opaca para ocultar el dinero. En septiembre del 2012, la sociedad fue disuelta y el rey emérito transfirió los 64,8 millones que quedaban en la cuenta a Corinna Larsen, que era entonces su pareja sentimental. En el 2014, Juan Carlos I abdicó.

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