Iglesias, de rastrear las «cloacas del Estado» a sospechoso de obstrucción a la Justicia
ESPAÑA
El juez indaga si fue el vicepresidente quien destruyó la tarjeta del móvil de su exasesora
03 jul 2020 . Actualizado a las 10:52 h.Comenzó en noviembre del 2015 con el robo del móvil de Dina Bousselham, una colaboradora cercana de Pablo Iglesias, y la investigación judicial ha acabado por atenazar al líder de Podemos. Pero, ¿qué ha pasado en estos cuatro años y medio para que la instrucción del caso Dina, la décima pieza separada de la operación Tándem, haya dado un giro radical en los dos últimos meses? Estas son las claves del procedimiento penal que podría acabar con una exposición razonada en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente del Gobierno, en su condición de aforado.
«Estate preparado para la batalla si quieres conseguir la victoria». Bien se le puede aplicar a Iglesias esta célebre frase bélica del siglo XV cuando en marzo del 2019 decidió acudir a la Audiencia Nacional para personarse como perjudicado en la operación Tándem, las actividades parapoliciales del excomisario preso José Manuel Villarejo que investiga el juez García-Castellón. El líder de la formación morada entró en la pieza separada para ejercer la acusación particular. Su defensa vio en esta causa la posibilidad de actuar contra esa «cloaca del Estado» que había perseguido a Podemos desde su irrupción en el tablero político nacional en las europeas del 2014. La inadmisión en abril del 2016 de una querella en el Supremo contra Iglesias por el llamado informe PISA -un documento policial apócrifo publicado por algunos medios que acusaba al partido de financiarse de los Gobiernos de Venezuela e Irán- y las revelaciones del caso del Pequeño Nicolás dieron alas a Iglesias para emprender en solitario su persecución de la llamada «policía patriótica». Esa camarilla que le consideraba un peligro para la seguridad nacional.
El actual vicepresidente segundo del Gobierno accedió a la causa de la mano de la abogada Marta Flor, la misma que defendía (hasta la semana pasada) a Dina Bousselham; mientras que Podemos se personó en paralelo como acusación popular. La pretensión era clara: convertir una causa que investigaba un delito menor como la revelación de secretos (la información publicada contra Podemos a través de un móvil robado) en un procedimiento contra una organización criminal liderada por Villarejo y su «pata mediática» (periodistas usados por el comisario preso para sus servicios de gestión de crisis). Los mensajes de un chat interno de Podemos desvelados ahora por algunos medios dejan entrever que antes incluso que se abriera la pieza Dina (marzo del 2019) la abogada de Iglesias tenía información de primera mano de uno de los dos fiscales del caso, Ignacio Stampa, sobre las altas expectativas de esta causa. Unas presuntas vinculaciones personales que la Fiscalía General decidió volver a investigar la semana pasada tras archivar un procedimiento similar en febrero pasado.
Versiones
Pero querer no siempre es poder, y la estrategia de Marta Flor saltó por los aires cuando el juez y los fiscales empezaron a darse cuenta de que las versiones que les daban Bousselham e Iglesias sobre el periplo de la tarjeta estaban muy alejadas. Incluso llegaron a la conclusión de que el líder de Podemos, lejos de presentarse como perjudicado, tuvo en su poder el dispositivo varios meses sin entregárselo a su asesora. El juez sospecha ahora de que pudo deteriorarlo antes de dárselo a Bousselham.
Las posteriores diligencias encargadas por García-Castellón a la Policía Judicial y la decisión de retirarle a Iglesias la condición de perjudicado hacen pensar que el magistrado sigue acumulando indicios para elevar una exposición razonada al Supremo contra el vicepresidente por presunta obstrucción a la Justicia y/o daños informáticos. Mientras tanto, la defensa de Villarejo se frota las manos y prepara su ofensiva para buscar nulidades en el procedimiento por la presunta connivencia del fiscal Stampa con la estrategia de Podemos.