Gobierno y PP entran en una etapa de colaboración aunque ambos lo niegan

La Moncloa habla de giro de los populares, pero estos achacan la armonía a cesiones del PSOE

Pedro Sánchez, durante una videoconferencia con el líder del PP, Pablo Casado, el pasado 20 de abril para testar su disposición a sellar un gran pacto de país que favorezca la salida de la crisis
Pedro Sánchez, durante una videoconferencia con el líder del PP, Pablo Casado, el pasado 20 de abril para testar su disposición a sellar un gran pacto de país que favorezca la salida de la crisis

Madrid / La Voz

¿Se ha abierto una nueva etapa de colaboración entre el Gobierno y el PP o el acuerdo sobre el decreto de medidas urgentes es solo un paréntesis en la refriega política a costa del covid-19? Para responder a la pregunta habrá que comprobar si los próximos movimientos van en una u otra dirección. De momento, ni en Moncloa ni en Génova dan por hecho que se haya llegado a un punto de inflexión. Y, como si temieran la imagen de colaboración en plena campaña, ambos bandos aseguran que si el acuerdo ha sido posible es porque el otro ha cambiado su posición y cedido en sus planteamientos.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, celebró ayer la «nueva actitud» del PP y dijo esperar que sea sincera porque «los españoles necesitan más política útil y menos ruido y crispación». Pero el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, respondió que no ha habido giro y que el pacto solo se debe a que el Gobierno cambió de posición y se abrió al diálogo aceptando «parte» de las «exigencias» del PP.

Coyuntural o no, la situación mueve el tablero hacia la geometría variable y permite a Pedro Sánchez poner fin al estado de alarma con más apoyos a sus medidas de los que tuvo para ser investido. Un amplio respaldo al llamado decreto de nueva normalidad y un muy probable pacto en la Comisión para la Reconstrucción gracias al apoyo de Cs, el PP y el PNV, pero sin romper con ERC, relegado como socio preferente en la gestión de la pandemia. El malestar es, sin embargo, evidente entre los republicanos catalanes, cuyo líder, Oriol Junqueras, apremió ayer a Sánchez a elegir. «Nuestro proyecto político y el de Cs están en las antípodas, en todo. Y, por lo tanto, lo que pretende el PSOE no será posible, no se puede tener todo a la vez, tendrá que escoger», señaló en una entrevista en eldiario. El jefe del Gobierno está convencido, aún así, de poder mantener el apoyo de ERC cuando le resulte necesario accediendo a reabrir en julio la mesa de negociación con la Generalitat. Pero está por ver que Cs sea capaz de mantener su sintonía con el Gobierno si eso se produce.

Presupuestos, prueba de fuego

Por ahora, el Ejecutivo de coalición mantiene dos opciones de mayoría. Una junto al PNV, Cs y los partidos minoritarios, y otra que implica la vuelta al bloque de la investidura junto al mismo PNV, los independentistas de ERC y los pequeños. Y probablemente llegue así hasta después del verano, cuando encarará ya la prueba de fuego de los presupuestos, en la que deberá escoger definitivamente una mayoría sin el PP que marcará el resto de legislatura.

Con un discurso cambiante en función de las circunstancias, y presionado por la negociación en la Unión Europea, Sánchez ha conseguido también no solo levantar el veto de Unidas Podemos a cualquier acuerdo con Ciudadanos, sino también que los de Pablo Iglesias renuncien a cuestiones clave de su programa de Gobierno, como el impuesto a las grandes fortunas. Algo que constata que Sánchez puede tensar la cuerda con sus socios en el Ejecutivo porque en Podemos prima el deseo de mantenerse en el poder a toda costa. Una evidencia que se ve reforzada por el hecho de que la candidatura de la ministra Nadia Calviño al Eurogrupo cuente con la aparente paradoja de suscitar a la vez el apoyo de Unidas Podemos, el PNV, PP, Cs y hasta el de Vox.

Montero no descarta incluso una reunión de Sánchez y Casado 

El Gobierno celebra con buenas palabras «la nueva actitud» del PP, pero al mismo tiempo muestra escepticismo y pide a los conservadores que retiren «el infame» informe, en palabras de la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, que envió a la Comisión Europea, en el que puso en duda que el Gobierno respete «los derechos democráticos» para condicionar la entrega de los 140.000 millones de euros de los fondos comunitarios de recuperación.

La segunda exigencia que el Ejecutivo de coalición reclama para dar por buena la proximidad del PP es el de las negociaciones en la Comisión para la Reconstrucción para pactar unas conclusiones sobre las medidas sanitarias, sociales y económicas que se deben adoptar tras el brutal impacto del covid-19 en la sociedad y en el aparato productivo. El primero parece improbable, y el segundo aún tiene mucho recorrido por delante.

Tras el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el decreto de ampliación hasta septiembre de los ERTE, Montero incluso abrió la puerta a una reunión entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, que no hablan desde la primera semana de mayo, un trato que es motivo de continuas quejas por parte del PP. Pero la portavoz no mostró un gran entusiasmo por esa cita.

«Lo fundamental», subrayó, es que Casado haya llegado «al convencimiento» de que debe apostar por «la política útil», que tiene que comportarse como «una derecha moderada que hace aportaciones» y olvidarse del no a todo. Eso, añadió, debería ser «lo ordinario y habitual», y no que un acuerdo entre Gobierno y oposición sea «noticia».

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