La Fiscalía investiga si se filtró el sumario del caso Villarejo a los abogados de Iglesias

Un chat de Podemos apunta a soplos sobre el espionaje a la exasesora del vicepresidente

Pablo Iglesias, en Madrid en una imagen de archivo
Pablo Iglesias, en Madrid en una imagen de archivo

Madrid / Colpisa

La Fiscalía General anunció ayer que ha abierto una investigación interna para determinar si un miembro de Anticorrupción filtró a los servicios jurídicos de Podemos información judicial sometida a secreto sobre la pieza del caso Villarejo que afecta a la tarjeta de móvil robada a la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham.

La decisión del departamento que dirige Dolores Delgado de promover nuevas pesquisas sobre este asunto se produce después de que varios medios de comunicación se hayan hecho eco de mensajes internos de un chat de Unidas Podemos en los que se apuntaba a posibles soplos del fiscal Ignacio Stampa a la abogada del partido Marta Flor, con la que mantiene una estrecha relación, según se jactaba la propia letrada en esas comunicaciones que ahora han visto la luz.

La Fiscalía, en la nota en la que informa de la apertura de esta investigación, recuerda que el 14 de febrero ya incoó un expediente «como consecuencia del escrito presentado por una particular» que pedía que se investigara «la imparcialidad del fiscal encargado del caso, a la vista de la información ofrecida en diversos medios de comunicación sobre la relación personal existente entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento».

Un mes después, el 9 de marzo, archivaron el caso «al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria».

El instructor de la operación Tándem (caso Villarejo), el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ya retiró en su momento a Iglesias la condición de perjudicado por la difusión de los datos que estaban almacenados en el teléfono de Bousselham tras descubrir que recibió una copia de esa memoria del móvil en enero del 2016 y no se la entregó a su legítima propietaria al menos hasta cinco meses después, a pesar de que la memoria contenía «fotos íntimas» y otro material «vejatorio» para su compañera de partido. En el momento de la devolución, además, la tarjeta se encontraba «parcialmente quemada», según un informe pericial incorporado al sumario.

La denominada pieza Dina fue creada el 19 de marzo del 2019. Más de un mes antes, Marta Flor, que formaba parte del equipo jurídico de Podemos, escribió en un chat interno de dirigentes de la formación que «Ironman», el nombre en clave que usaba para referirse a uno de los fiscales, se había puesto en contacto con ella. «Tandem. Nos ha avisado Ironman que, aparte de nuestra reunión mañana a las 10.00 horas, hay declaraciones martes, miércoles y jueves de Iron y Land», escribió la letrada el 4 de febrero del 2019 a las 9.06 de la mañana. 

«Arruinar el registro»

Otro de los mensajes de ese chat que apuntaría a las filtraciones directas de Anticorrupción a Podemos sobre el caso que les afectaba se registró el 25 de febrero del 2019. En esa comunicación Flor advertía a los responsables de la formación de que una inminente información periodística sobre nuevos datos sobre la tarjeta de la asesora podría «arruinarnos el registro».

«¿Qué registro?», preguntó una de sus interlocutoras. «El registro a OkDiario», contestó la hasta hace poco abogada personal de Iglesias y Bousselham, dando a entender que Anticorrupción también le había filtrado su intención de pedir el registro del diario.

El excomisario José Villarejo, a través de uno de sus socios, buscó en bases de datos policiales información sobre la exasistente del líder de Podemos, Pablo Iglesias, haciendo uso de su número de DNI y del identificador único de cada móvil, según consta en un informe de Asuntos Internos remitido a la causa en febrero.

Iglesias ha acusado al juez de sacar conclusiones aventuradas, carentes de base fáctica y jurídica, en el recurso de apelación contra el auto por el que le retiró la condición de perjudicado. El juez observó un conflicto de intereses y obligó a Bousselham a dejar de compartir con Iglesias a la abogada.

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