Jueces del Supremo descartan abrir una causa general contra el Ejecutivo por la crisis sanitaria
ESPAÑA
La normalidad vuelve poco a poco a los juzgados tras el fin del estado de alarma y el Gobierno inicia su particular camino para hacer frente a todas las acusaciones que tiene pendientes por su gestión de la pandemia. En total, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y algunos altos funcionarios acumulan 48 acciones penales en su contra en el Tribunal Supremo. En concreto se trata de 30 denuncias y 18 querellas que parten de acusaciones de abogados particulares, afectados por el covid-19, sindicatos de funcionarios, policías, médicos, enfermeros, un partido político, un colectivo ultra o ciudadanos particulares, y por delitos como homicidio por imprudencia, malos tratos o denegación de auxilio. Hasta ahora, la tónica general en otros juzgados había sido archivarlas por falta de indicios suficientes o para evitar hacer «investigaciones prospectivas» de la gestión sanitaria.
Hasta el momento, la única jueza que ha abierto un investigación fue Carmen Rodríguez-Medel, en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que se acusó de prevaricación por permitir la marcha del 8M en la capital. Este proceso, al que se dio carpetazo, tuvo un marcado tinte político por el polémico informe que elaboraron los expertos de la Guardia Civil, que contenía algunas imprecisiones y a la postre provocó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por «no informar de las investigaciones» al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que justificó la decisión alegando «pérdida de confianza». También se han rechazado ya cuatro querellas contra el director del CAES, Fernando Simón, que fueron presentadas por la Asociación Española de Víctimas del Covid-19 (Adavic-19), la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, la Unión de Consumidores José María Mena y una particular. Algunos magistrados del alto tribunal creen que no será necesario iniciar una causa general que agrupe todas estas acciones penales. Por el momento, en el Supremo se está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación.