ERC no participa en la votación y agrava la fractura en el independentismo catalán
19 jun 2020 . Actualizado a las 10:58 h.La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borrás, está más cerca de ser encausada por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) al adjudicar 18 contratos presuntamente irregulares de forma fraccionada a un amigo.
La Comisión del Diputado del Congreso aprobó ayer la petición de tramitar su suplicatorio para que pueda ser juzgada por el Tribunal Supremo. La petición salió adelante con los votos a favor del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, mientras que el PNV y JxCAT votaron en contra. Unidas Podemos, que había anunciado que votaría a favor de la concesión del suplicatorio, finalmente se abstuvo. Y tanto ERC como EH Bildu no votaron. La votación, celebrada a puerta cerrada como es norma, permite que el pleno decida el próximo jueves 25 de junio si concede o no el suplicatorio en una votación también a puerta cerrada.
Aspirante a la Generalitat
El caso de Laura Borás tiene especial relevancia al tratarse de una de las dirigentes de Junts per Catalunya candidatas a sustituir al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como cabeza de lista de la formación y aspirante a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas en sustitución de Joaquim Torra. Con unos comicios previstos para el otoño, la petición de suplicatorio para ella por unos delitos que pueden comportar hasta 15 años de cárcel ha agravado la fractura en el independentismo catalán, dado que la diputada ha pedido insistentemente que el Congreso se oponga a concederlo por considerar que la causa abierta contra ella es «profundamente injusta» y obedece a una «persecución política».
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, justificó la decisión de no votar asegurando que su posición era irrelevante, dado que no tenía en su mano impedir que la propuesta saliera adelante. «Ni suma ni resta», dijo Rufián, que explicó que ERC «no envía a nadie al Supremo para dar explicaciones», pero se mostró molesto ante el «dilema perverso» de elegir entre «antirrepresión y anticorrupción».
Las presiones de Borrás a ERC y también a la CUP no han cesado desde que se inició la causa. La diputada advirtió a los independentistas de que si votaban en cualquier sentido que no fuera el rechazo al suplicatorio estarían blanqueando al tribunal que condenó por sedición a los líderes del procés, incluido el líder de ERC, Oriol Junqueras. Finalmente, el portavoz de los republicanos en la Comisión del Diputado, Joan Josep Nuet, rechazó participar en la votación alegando que el juicio a Borràs no será «justo», pero su partido no está dispuesto a «blanquear» la corrupción. La CUP no tendrá que manifestar su posición hasta la votación en pleno, dado que no tiene representante en la Comisión del Diputado, pero ya sugirió a Borrás que la mejor solución sería que renunciara al escaño.
El último negado, hace 32 años
La diputada de JxCAT ya trató de frenar su suplicatorio recurriendo ante la Mesa del Congreso alegando que el Supremo no había respetado sus derechos. En aquella ocasión, la petición se rechazó con los votos de PSOE, PP y Vox y la abstención de Unidas Podemos.
Las solicitudes de juzgar a un diputado por causas similares a la de Borrás raramente son rechazadas. De hecho, hace 32 años que no se deniega ninguna. La última ocasión fue en 1988, cuando se denegó para el ex ministro de Interior socialista José Barrionuevo por haber incluido en los carteles de terroristas buscados al hermano del etarra José Manuel Soares Gamboa.
En las legislaturas precedentes a la actual, el Congreso autorizó que se juzgara a los ex diputados del PP Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte, por conducir bajo los efectos del alcohol. También se concedió el suplicatorio para el ex diputado popular Jesús Merino por su implicación en el caso Gürtel. En el caso del ex consejero socialista andaluz José Antonio Viera, no se culminó el trámite por su implicación en el caso de los ERE, dado que dejó el escaño.