La coraza constitucional amparó durante 39 años de reinado los negocios externos de Juan Carlos I

«Los indicios de la eventual intervención del rey emérito en estos hechos posiblemente delictivos son extraordinariamente débiles. Además, hay que recordar que era inviolable en el momento de la conversación». La última vez que un juez se pronunció en detalle sobre la responsabilidad penal del anterior monarca fue en septiembre del 2018. El entonces magistrado de apoyo en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, exponía estos argumentos para archivar una de las piezas del caso Villarejo que investigaba las declaraciones incriminatorias de Corinna Larsen. La «amiga entrañable» del rey emérito se había reunido en un hotel de Londres tres años antes con el comisario José Manuel Villarejo y con el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga.

El hoy policía preso grabó aquel encuentro y ocho meses después de su detención, en julio del 2018, tres medios publicaron fragmentos del mismo. De forma aparentemente espontánea, Corinna detalló los negocios supuestamente ilícitos de Juan Carlos I, sus cuentas en Suiza y el cobro de comisiones por el AVE saudí.

La Fiscalía Anticorrupción pidió entonces el sobreseimiento provisional por los mismos argumentos que el juez: indicios «extraordinariamente débiles» e inviolabilidad del rey en el momento de los hechos denunciados, 2008-2012. Todos estos extremos fueron confirmados en abril y julio del 2019 por la Sala Segunda del Supremo para no admitir a trámite una querella de Izquierda Unida contra Juan Carlos I, pero los magistrados no se pronunciaron sobre la inviolabilidad. Esta coraza siempre ha protegido las actividades empresariales del padre de Felipe VI más allá del ámbito institucional como jefe del Estado (1975-2014). Se trata de un blindaje diseñado por los padres de la Constitución para proteger a la figura del rey de posibles denuncias de terceros en el comienzo de la democracia. El artículo 56.3 dice que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». 

Debate jurídico

La redacción de este artículo tiene un punto de ambigüedad y ha dado lugar a un debate jurídico. ¿Hasta dónde alcanza la inviolabilidad? En la práctica, y hasta ahora, a cualquiera de los actos realizados en cualquier plano de su vida durante su etapa como jefe del Estado, aunque una amplia corriente de constitucionalistas considera que eso responde a una interpretación maximalista. Sea como que fuere, tanto el juez De Egea, en el auto de septiembre del 2018, como la Fiscalía Anticorrupción y, el pasado lunes la propia fiscala general Dolores Delgado, tras dar su visto bueno a las diligencias fiscales abiertas ahora por el Supremo, han interpretado que la inviolabilidad hay que aplicarla de forma extensiva. Desde junio del 2014 pasó a ser aforado ante el Supremo.

Otro debate es si la inviolabilidad puede permitir a la justicia suiza encausar a Juan Carlos I. Y es que desde finales del 2018, un fiscal ginebrino, Yves Bertossa, halló indicios de delito en el registro realizado en el despacho del abogado suizo del rey emérito. Unas pesquisas que revelaron movimientos de capitales del anterior monarca.

Felipe VI comenzó a romper lazos con su padre desde que accedió al trono 

m. b.

Cuando don Felipe accedió al trono hace seis años dijo aquello de «encarno una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Las palabras pronto pasaron a ser hechos y su primera decisión -no de calado, pero sí con trasfondo- fue hacer trasladar el despacho de su padre fuera de la Zarzuela, en concreto se lo llevó al Palacio Real. Quería separar los asuntos de familia de los de su reinado. Sus más cercanos no se lo han puesto fácil en estos primeros años al frente de la Jefatura del Estado. Primero tuvo que lidiar con el desenlace del caso Nóos, con el juicio y sentencia a más de seis años de cárcel para su cuñado Iñaki Urdangarin. Y ahí no le tembló el pulso. 

Muro con los Urdangarin

Antes incluso de que hubiera fallo exculpatorio para la infanta Cristina, él la declaró culpable y la despojó del ducado de Palma, un título de la Corona que don Juan Carlos había entregado a su hija con motivo del enlace con Iñaki Urdangarin en 1997. Don Felipe se lo retiró hace ahora cinco años y levantó, a su vez, un muro infranqueable con los Urdangarin. Desde entonces solo se ha visto con su hermana en funerales y algunas -las menos- celebraciones familiares. Porque la familia del rey poco tiene que celebrar.

Muy lejos quedan los tiempos en los que la sociedad española se declaraba abiertamente juancarlista, no monárquica. Don Juan Carlos hace años que dejó de ser un activo para la Corona. Desde su «tropiezo» en abril del 2012 en Botsuana, su reputación ha ido en caída libre. Y lo que temen en la Zarzuela es que la investigación ahora abierta por la Fiscalía del Supremo salpique -aún más- a don Felipe. 

Herencia envenenada

De ahí que en los últimos años el rey haya evidenciado un distanciamiento con don Juan Carlos, cuyo perfil institucional -desde su abdicación- fue casi testimonial hasta que el año pasado se retiró de la vida pública. O, más bien, se le hizo retirar. Esa decisión llegó después de que Felipe VI conociera que era el beneficiario, como heredero, de unos fondos de dudosa procedencia. Hace tres meses, a través de un comunicado, el Palacio de la Zarzuela se anticipó ante lo que se avecinaba y anunció la ruptura definitiva de padre e hijo. Don Felipe renunció a la herencia, le retiró la asignación y ya poco más puede hacer para librarse de la sombra de su padre.

A don Juan Carlos no se le puede despojar de títulos ni de tratamiento. Al rey Felipe tan solo le queda una baza: «desahuciarlo» de la Zarzuela, donde el monarca emérito permanece recluido desde que comenzó el confinamiento. Sería la forma definitiva de demostrar que corta con don Juan Carlos. Aunque existe un pero: el rey emérito no tiene propiedades en España, por lo que, llegado el caso, podría caer en la tentación de fijar su residencia en el extranjero. De lo que don Felipe no quiere ni oír hablar.

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