Madrid no dio normas sobre los cadáveres a las residencias en pleno colapso sanitario
ESPAÑA
El personal geriátrico sin EPI se expuso de forma irremediable al coronavirus cuando manipuló los cuerpos
12 jun 2020 . Actualizado a las 19:51 h.El protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid para las residencias de ancianos no incluyó órdenes o recomendaciones para gestionar la conservación de los cientos de cadáveres que esperaban en sus habitaciones la llegada de la funeraria. Unos servicios asistenciales que se vieron absolutamente desbordados en pleno pico de la epidemia requirieron el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Fue el lunes 23 de marzo, cuando se registraron en España 7.700 nuevos contagios y 571 muertos por coronavirus, cuando la ministra de Defensa habló de la «dramática» situación de las residencias. Algo que motivó la apertura de una investigación de la Fiscalía del Estado, que acabó remitiendo la competencia a sus órganos provinciales. Casi tres meses después, las piezas comienzan a encajar con el «plan de actuación único» puesto en marcha en marzo por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Este protocolo asistencial ayuda a calificar a los enfermos con coronavirus o con síntomas. Y atribuye a la figura del «geriatra de enlace» la mediación entre residencias y hospitales para decidir sobre el traslado de un paciente. Sin embargo, sobre un asunto sanitario de primera magnitud, los requisitos para la conservación de los cadáveres, no existe ni una sola mención. Lo habitual es que cada residencia trabaje con su propia funeraria con programas de asistencia al duelo. Con este servicio no se suele tardar más de una hora en recoger el cuerpo y trasladarlo al tanatorio. Pero el pico epidémico, con los servicios funerarios colapsados, la asistencia se podía demorar varios días. El presidente de la patronal de las residencias privadas afirmó el 9 de mayo que hicieron lo que les decían: dejar el cadáver con un doble sudario en la habitación hasta la llegada de las funerarias porque era muy contagioso». El resultado es que el personal geriátrico sin EPI se expuso de forma irremediable al virus cuando manipuló los cadáveres.
El Gobierno de Ayuso no denegó auxilio a una residencia al no enviar ancianos al hospital, según un juez
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro decretó el archivo de un proceso penal contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por presunta denegación de auxilio durante la gestión de la pandemia del coronavirus en la residencia de ancianos Pablo Neruda de Ciempozuelos, en la que fallecieron varias personas a causa del covid-19 para los que se solicitó sin éxito derivación a hospital. En un auto fechado el 30 de marzo, pero difundido ayer, el magistrado determinó que no se incurrió en delito y recalcó que «no puede obviarse» la situación de la pandemia entonces y la «saturación» de la administración sanitaria. «La situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 ha conllevado a que los centros sanitarios y su personal difícilmente se encuentren posibilitados de prestar asistencia sanitaria que la entidad demandante demanda, escaseando además material sanitario que tiene por objeto evitar el contagio de la infección», indica. Ante ello, concluye que no puede imputarse a la administración sanitaria autonómica presidida por Isabel Díaz Ayuso o estatal «un delito de omisión del deber de socorro a un particular dada la clara inexistencia de dolo o intencionalidad en la falta de atención vista la situación».