La jueza archiva la investigación sobre el 8M al no apreciar indicios de delito

Reprocha al delegado del Gobierno que no impidiese las marchas ni exigiese distancia social

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a su salida tras declarar ante la jueza
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a su salida tras declarar ante la jueza

Madrid / La Voz

La jueza Carmen Rodríguez-Medel archivó ayer provisionalmente la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que investigaba por un presunto delito de prevaricación administrativa por la manifestación del 8M. Tras interrogar al propio Franco y a los testigos, que negaron haber sido presionados por la delegación del Gobierno antes de la declaración del estado de alarma para que suspendieran los actos que tenían previsto realizar, la magistrada estima que no hay indicios de delito. Según el auto, Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones» como la del 8M, a la que asistieron más de 120.000 personas.

El delegado del Gobierno «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario», se señala en el auto. Las decisiones jurídicas que adoptó no encajan para Rodríguez-Medel en la comisión de un delito. «No hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos a Franco», señala, porque sus competencias legales establecen que sea «garante de los derechos y libertades de los ciudadanos con ocasión de dichas concentraciones en la vía pública». Y durante el período objeto de la investigación, «solo en una ocasión ejerció esa competencia por afectar a un derecho fundamental, prohibiendo una concentración». Esta precisión se refiere a una manifestación que había sido convocada frente a la casa del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Cierre provisional

Pese a todo, Rodríguez-Medel deniega la petición de sobreseimiento libre que había solicitado la Abogacía del Estado y solo cierra la causa de forma provisional. Es decir, que si recibiera informaciones novedosas sobre el objeto de la investigación, podría reabrirla. El auto contiene de hecho algunas alusiones críticas al proceder del delegado del Gobierno, señalando que no actuó pese a la suspensión de toda actividad educativa en Madrid el 9 de marzo. Y añade que al no prohibirse ni tomarse precauciones «la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del covid-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública». Franco, según la jueza, no impidió ni exigió medidas de prevención del contagio en ninguno de los actos que son objeto de la investigación pese a que tenía «un elenco de medidas» que podía adoptar, desde la prohibición a «mantener distancia de un metro entre los manifestantes». «No adoptó ni unas ni otras», concluye.

Las tres acusaciones anuncian que recurrirán el auto 

Las tres asociaciones personadas como acusación recurrirán el archivo de la causa. La Unión de Oficiales considera que Franco debería aclarar «por qué la información no llegó hasta quienes tenían que tomar la decisión». La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena cree que la instrucción va a servir para actuar contra Fernando Simón. Y la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC) también recurrirá el archivo.

Robles considera positivo que se haya investigado porque eso da «tranquilidad» 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que el Ejecutivo no tenía «ninguna duda» de que se archivaría la causa, porque José Manuel Franco no ha cometido «ningún hecho delictivo». Pese a ello, indicó que da «tranquilidad» que la jueza haya hecho una investigación, porque «nadie puede decir que no se haya investigado». La ministra de Igualdad, Irene Montero, publicó un mensaje en Twitter en el que afirmó que «la justicia tumba la estrategia de señalamiento al 8M». «Eso sí, ahí quedan las páginas y horas de tertulias criminalizando al feminismo», añadió. El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, mostró el respecto de su partido por el sobreseimiento provisional de la causa, pero insistió en pedir responsabilidades políticas «porque no se debieron celebrar nunca» las manifestaciones. El PP exige una comisión de investigación «para saber toda la verdad y si Sánchez e Iglesias lo impiden quedarán retratados ante la opinión pública».

Vox critica la «terrible presión

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, expresó el «respeto absoluto antes, ahora y respeto mañana», a la jueza, subrayando que actúa con independencia, al margen de ideologías políticas, mientras que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, mostró también su respeto, pero consideró «terrible la presión que se ha ejercido sobre esta jueza y sobre la Guardia Civil para ocultar información o para dirigir» el procedimiento.

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