La jueza del 8M rechaza archivar la causa e interroga este miércoles al delegado del Gobierno

El Ejecutivo acusa al PP de aprovechar la pandemia para intentar «tumbar» a Sánchez

José Manuel Franco y Pedro Sánchez, el año pasado, en un mitin del PSOE
José Manuel Franco y Pedro Sánchez, el año pasado, en un mitin del PSOE

Madrid / La Voz

La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la manifestación del 8M, rechazó este martes archivar la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como habían solicitado la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y mantiene para este miércoles la citación como investigado del dirigente socialista. En su escrito, la jueza se defiende de los ataques de la Abogacía del Estado y destaca las «demoras» y «reticencias» de la Delegación del Gobierno en Madrid y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, para entregar la documentación que les reclamó reiteradamente a través de la Policía Judicial. Precisa la jueza que fue esa demora la que motivó «la fijación de un plazo desde este órgano judicial» para «evitar dilaciones injustificadas» y recabar finalmente «en ocasiones, tras no pocos esfuerzos» la documentación necesaria para el análisis de la causa sobre el 8M.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazó las conclusiones de informe del médico forense de ese juzgado, Julio Lorenzo Rego, que asegura que tanto él como Fernando Simón y José Manuel Franco conocían la «gravedad» de la situación de la epidemia pero la minimizaron. Aunque eludió «valorar actuaciones judiciales en curso», indicó que en la manifestación del 8M «se tomaron las medidas que en aquel momento, con la información disponible, eran adecuadas, y perfectamente alineadas y conformes con los organismos internacionales». Illa expresó su «total y plena confianza» en Fernando Simón y aseguró que el 8 de marzo España estaba en «fase de contención, no de mitigación» respecto al covid-19.

Por su parte, Fernando Simón ha subrayado este miércoles que no se menospreció «ningún riesgo» con relación al coronavirus al autorizar las manifestaciones del 8M. «No hemos menospreciado ningún riesgo y toda la información que se ha pasado y las respuestas que se han dado han sido tomadas con la mayor celeridad posible», ha precisado al ser preguntado por el informe forense del caso que investiga al delegado del Gobierno en Madrid.

El PP pedirá responsabilidades

El forense asegura por el contrario que «el 25 de febrero la posibilidad de una pandemia ya estaba en el sentir de las autoridades sanitarias y había un alto indice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuales eran las medidas que había que adoptar para evitarlo». El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que exigirán responsabilidades políticas al Gobierno por hacer «caso omiso» de las advertencias para impedir manifestaciones como la del 8M que se recogen en el informe del médico forense. El número dos del PP tachó de «fiscal patriótica» a la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, y señaló que «algo está intentado tapar» del 8M.

El Gobierno contestó a esas afirmaciones asegurando que no le preocupan esos ataques porque Dolores Delgado actúa con «autonomía e independencia». Pero la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, añadió que lo que sí preocupa al Gobierno es que esos ataques a la Fiscalía formen parte de un plan de «la derecha» para «tumbar» al Gobierno de Pedro Sánchez. «El PP está aprovechando la situación de pandemia para intentar hacer cumplir su único objetivo, que es intentar tumbar al Gobierno», indicó Montero, que reprochó al PP que «se permita el lujo de llamar ilegítimo» al Gobierno, cuando ha salido de las urnas con el único objetivo de «intentar derrocarlo».

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