Iglesias desoye a la Moncloa y mantiene los ataques contra la «policía patriótica»

La Fiscalía pide a la jueza que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8M

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este lunes, en el Congreso
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este lunes, en el Congreso

Madrid / La Voz

«A la Guardia Civil no se la puede conocer por informes con recortes de páginas web de extrema derecha». En un momento en el que el Gobierno trata de rebajar el malestar generado en instituto armado y en el resto de fuerzas de seguridad por las referencias a la existencia de «policía patriótica» que estaría detrás de los ataques al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, volvió este lunes a la carga con la tesis de las «cloacas del Estado». El líder de Podemos descalificó el informe entregado por la Guardia Civil a la jueza que investiga la manifestación del 8M y aseguró que detrás de ese atestado hay un interés político. «Ese es el mayor ataque que puede haber contra la Guardia Civil y su profesionalidad», señaló Iglesias, que insistió en la necesidad de acabar con la «policía patriótica» que, según la propia portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, no existe.

Iglesias, por el contrario, opina que su existencia «no es opinable», ya que una comisión de investigación del Congreso «acreditó» que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existía un grupo «que trabajaba con algunos sicarios mediáticos para tratar de proteger al PP en algunos escándalos». Rechazó hacer «matices» por ello a las explicaciones del ministro Grande-Marlaska sobre el cese del coronel Pérez de los Cobos y recordó que todos los guardias civiles son «profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno, independientemente de su color político». 

Respaldo a los ataques de Garzón

Eludió también desautorizar las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que apuntó a la idea de que en la policía y la Guardia Civil puede haber «elementos reaccionarios» que «asumen como propio el discurso que invita al golpe del Estado». «¿Que sigan existiendo redes o grupos ilegales que actúan contra la ley? Cada uno tiene su opinión, pero si eso existe lo tienen que perseguir los jueces», señaló Iglesias.

A la espera de lo que decida la jueza, la Fiscalía Provincial de Madrid se pronunció este lunes por primera vez sobre la investigación abierta a raíz de la autorización de la manifestación del 8M. El Ministerio Público solicitó a la jueza Carmen Rodríguez-Medel el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por entender que no es una autoridad de salud pública ni tiene competencias en materia sanitaria, por lo que no pudo delinquir. «Pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil», sostiene la Fiscalía. En su escrito, considera «palmario» que el delegado del Gobierno simplemente recibió la comunicación de una manifestación y que esa recepción no puede considerarse delito. Franco tendrá que declarar mañana como investigado por un presunto delito de delito de prevaricación administrativa.

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