La Fiscalía del Supremo investigará al rey Juan Carlos por el AVE a La Meca

Se investigan los presuntos delitos cometidos después del 2014, cuando el rey emérito abdicó y perdió la inviolabilidad


Madrid / Colpisa

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey emérito por delitos de corrupción. El Ministerio Público indaga la responsabilidad penal de don Juan Carlos en las presuntas comisiones pagadas por la adjudicación del AVE saudí a un consorcio de empresas españolas. Un megacontrato de más de 6.700 millones de euros que empezó a ejecutarse en el 2011 y por el que se pudieron abonar mordidas por valor de unos 80 millones.

Las pesquisas que dirige el fiscal Juan Ignacio Campos se han abierto después de que Anticorrupción apreciara indicios delictivos contra el exjefe del Estado en las diligencias secretas que tenía en marcha desde finales del 2018.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, trasladó hace dos semanas un decreto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el que comunicaba el hallazgo de elementos indiciarios de blanqueo de capitales y delitos fiscales, según señalan fuentes jurídicas. Luzón solicitaba la necesidad de paralizar su investigación y remitir las pesquisas a sus colegas del Supremo, dada la condición de aforado del rey emérito. Se trata del órgano competente para investigarlo por la vía penal tras su abdicación en junio del 2014 y, por lo tanto, dejar de estar protegido por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución.

Las pesquisas que verá ahora la Fiscalía del Supremo se centran en «delimitar o descartar la relevancia penal» de los hechos acaecidos después de esa fecha. Y que están agrupados en la llamada «Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad», el conocido también como «AVE del desierto», que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca.

Mordidas fuera del caso

Esto supone que no se va a poder indagar la presunta comisión de 100 millones de dólares que recibió don Juan Carlos en el 2008 del rey saudí Abdulá. Este depósito se transfirió a nombre de la sociedad panameña Fundación Lucum. En concreto, a una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas. De ahí salieron los 65 millones de euros que en abril del 2012 llegaron a otra cuenta en Suiza a nombre de Corinna Larsen, la amiga íntima de don Juan Carlos. Esta lo justificó como una «donación» y en ningún caso como parte de esas comisiones.

En suma, estos hechos están protegidos por la inviolabilidad del antiguo jefe del Estado (1975-2014), pero no los movimientos que hizo de ese capital tras su abdicación en junio del 2014, que es lo que ahora se investiga en el Supremo.

Las grabaciones de Villarejo

El asunto que ha acabado por salpicar a don Juan Carlos se remonta a julio del 2018, cuando se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, en una conversación con el empresario Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, y la propia Corinna en Londres. Ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el pastel.

La revelación motivó la apertura de una pieza separada de investigación en el caso Villarejo, que instruye la Audiencia Nacional, aunque en septiembre del 2018 se archivaron las actuaciones respecto de don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban «extremadamente débiles» y, por otro, en aquella época aún reinaba y, por tanto, era inviolable.

Diligencias secretas

No obstante, el juez instructor Manuel García Castellón dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaba tanto el contrato como las personas, los importes y las posibles mordidas en una información que se complementaba con «otros documentos hallados» durante la instrucción. El Ministerio Público abrió diligencias secretas de investigación a finales del 2018 por delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. En el consorcio hispano-saudí Al Shoula Group participaron las públicas Adif, Renfe e Ineco (dependientes del Ministerio de Fomento) y las privadas Indra, OHL, Consultrans, Copasa, Imathia, Cobra, Dimetronic, Inabensa y Talgo, así como las saudíes Al Shoula y Al Rosan. Las empresas españolas controlaban el 88 % de la unión temporal de empresas (UTE).

Ahora habrá que determinar si estas diligencias acaban convertidas en una querella contra el rey emérito ante la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal, presidida por el juez Manuel Marchena.

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