Una denuncia poco argumentada provoca una crisis sin precedentes en Interior
07 jun 2020 . Actualizado a las 16:16 h.¿Cómo una denuncia de escasa calidad y poca argumentación ha podido desencadenar una crisis de tal calado en el Ministerio del Interior? La única respuesta, dicen en los medios judiciales madrileños, es la coincidencia de muchos factores: una jueza que no hace ascos a los casos más polémicos; un demandante con ganas de notoriedad; un coronel con entidad suficiente como para abrir una investigación al mismísimo Gobierno; un ministro del Interior que se creía con derecho a saber todo lo que se mueve en la Guardia Civil; y un instituto armado en el que las intromisiones políticas se digieren muy mal.
El caso nace el pasado 20 de marzo, cuando el abogado Víctor Valladares presentó una denuncia contra Sánchez y casi todos los delegados del Gobierno. Valladares, con un largo historial de denuncias a sus espaldas por mala praxis, presentó su demanda ante la justicia ordinaria en los juzgados de Plaza de Castilla, a sabiendas de que el presidente es aforado y una acción judicial así solo podría ser competencia del Supremo. De hecho, la demanda que acabó por aceptar a los tres días la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, tenía manuscrito que iba dirigida al alto tribunal.
Cuando el asunto cayó por reparto en Rodríguez-Medel, en Moncloa algunos respiraron aliviados porque no conocían el verdadero perfil de la magistrada. Lo único que sabían de esta togada, hija y hermana de guardias civiles, es que había sido la instructora del caso máster que había acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes y había puesto contra las cuerdas a Pablo Casado.
Los malabares de la jueza
A pesar de tener en su mano todas las cartas para sacudirse esta denuncia o elevarla al Supremo, decidió aceptarla, aunque para ello, y sin que el demandante le pidiera nada, tuviera que hacer malabares jurídicos y dejar a un lado a Sánchez y a todos los delegados del Gobierno, excepto al de Madrid, José Manuel Franco Pardo, para no perder así la competencia de la causa. Rodríguez-Medel circunscribió el caso a Franco y a la posible prevaricación por no haber prohibido la celebración de actos multitudinarios pese a las recomendaciones sanitarias. A pesar de la riada de deficiencias, vio indicios de delito contra Franco.
Ese 23 de marzo encargó una macroinvestigación para conocer hasta qué punto el dirigente socialista sabía de los riesgos aquel fin de semana del 7 y 8 de marzo. Pero Rodríguez-Medel comisionó a la Guardia Civil para esas pesquisas, pese a que la práctica totalidad de los grandes actos multitudinarios de ese fin de semana, obviamente, habían tenido como escenario la ciudad de Madrid, circunscripción de la Policía Nacional. En un solo día la denuncia le había llegado a la instructora, que, tras enmendarla, la había aceptado y había ordenado una investigación de altísimo voltaje y de grandes dimensiones.
Esa misma jornada las órdenes de la juez llegaron directamente a la Comandancia de Madrid, a cuyo frente estaba el coronel Diego Pérez de los Cobos. El mando que había sido hombre de confianza en Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba ahora se había convertido en un sujeto no tan querido para una buena parte del Gobierno y de sus socios de investidura, ya que había sido el coordinador de la respuesta policial en el referendo ilegal del 1-O.
