Marlaska niega injerencias, pero no las llamadas telefónicas a De los Cobos

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Sánchez, en la foto en el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, evitó respaldar a Marlaska
Sánchez, en la foto en el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, evitó respaldar a Marlaska Jose Maria Cuadrado Jimenez | Efe

La Abogacía del Estado carga contra la jueza y la acusa de abrir una «causa general»

28 may 2020 . Actualizado a las 11:30 h.

«No ha habido ni habrá ninguna injerencia de este ministerio con otro poder del Estado». El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se acogió ayer a esa fórmula para negar en el Congreso, frente al acoso de la oposición, cualquier tipo de presión sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos para que entregara al Gobierno datos sobre el informe que la Guardia Civil elevó a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga una posible prevaricación en la autorización de la marcha del 8M.

Grande-Marlaska eludió negar en sede parlamentaria, sin embargo, que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, llamara el domingo a Pérez de los Cobos para pedirle el contenido del informe, como han publicado varios medios citando fuentes cercanas al coronel, que ha sido destituido.

De los Cobos habría recibido además presiones telefónicas del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. «El informe de la Guardia Civil está donde debe estar, en la mesa de la magistrada. ¿Dónde está la injerencia?», preguntó Marlaska frente a las reiteradas acusaciones. La portavoz de Vox, Macarena Olona, anunció que su grupo interpondrá una querella contra Gámez y contra el secretario de Estado, advirtiendo al ministro de que «caerá» por sus subordinados.

Pero la polémica no es ya solo política, porque ha derivado en un enfrentamiento judicial. La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso de apelación contra las diligencias abiertas por la magistrada en el que cuestiona toda su labor en este caso. 

«Palmaria indefensión»

En ese recurso, la Abogacía expresa su sorpresa por la «celeridad inusitada, en modo alguno justificada por motivos jurídicos o procesales» con la que se han llevado a cabo unas investigaciones de carácter «prospectivo» y que, a su juicio, han derivado en una «palmaria indefensión» del delgado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que la jueza mantiene como investigado por estos hechos.

Los abogados del Estado piden a la Audiencia Provincial de Madrid que se pronuncie cuanto antes sobre lo que consideran una «causa general» contra el Gobierno. El recurso cuestiona además en base al decreto de alarma, todas las diligencias abiertas por la jueza, ya que en esa medida se indica que en las causas sin presos ni detenidos solo se emprenderán «aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables». Y, a juicio de la abogacía, estas diligencias tienen carácter «no urgente». Se asegura además que en la denuncia no había indicio alguno de que el delegado del Gobierno incumpliera una obligada actuación administrativa a sabiendas y de forma arbitraria. «Lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad», concluye el texto.

El teniente general Fernando Santafé Soler, jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, en una imagen de archivo
El teniente general Fernando Santafé Soler, jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, en una imagen de archivo J.M.GARCIA

Sigue el goteo de bajas: el número tres de la Guardia Civil renuncia 

El goteo de bajas tras la salida del coronel Félix Pérez de los Cobos y el teniente general Laurentino Ceña como director general adjunto siguió en la tarde de ayer con la confirmación del adiós del teniente general Fernando Santafé, número tres del instituto armado, que será relevado por el general de división Félix Blázquez.

Santafé fue cesado horas después de que Marlaska destituyera al teniente coronel Diego Pérez de los Cobos en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, supuestamente por el informe sobre el 8M remitido al juzgado. Tras ese primer cese, el número dos del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Laurentino Ceña, acudió al ministerio para pedir a Marlaska que lo destituyera, cuando apenas le quedaban unos días para dejar la actividad.