Echenique y Rufián cargan contra las protestas en Madrid, que avalan PP y Vox
ESPAÑA
«Todos podemos ejercer nuestros derechos y libertades fundamentales, pero últimamente no estoy oyendo hablar del derecho a la salud pública», defiende Grande-Marlaska
15 may 2020 . Actualizado a las 18:21 h.«Cayetanos». «Pijos que no pueden ir a jugar al golf». «Si llega a ser en un barrio popular, ya estarían todos multados».... La izquierda más radical y el independentismo catalán salió en tromba contra las decenas de manifestantes que desde el pasado domingo salen a la calle en Madrid y otros puntos de España -Valencia, Alicante y Oviedo, por ejemplo- para protestar contra el estado de alarma y a denunciar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno.
Pablo Echenique y Gabriel Rufián, portavoces en el Congreso de Unidas Podemos y ERC, respectivamente, intentaron ridiculizar a los manifestantes aludiendo a su procedencia del barrio de Salamanca, uno de los más ricos de España en cuanto a renta per cápita. La respuesta no tardó en llegar en forma de imágenes de muchos otros barrios de la capital. Chamartín, Tetuán, Moncloa... En todos se suceden unas concentraciones que desafían la orden de confinamiento.
«Si eso les molesta, prepárense para cuando se acabe el estado de alarma y los españoles recuperen el derecho a salir a la calle libremente», defendió la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a los manifestantes ante los ataques de la izquierda, que, llegó a tacharlos de «cacerologolfistas» en el Parlamento autonómico en boca de Sol Sánchez, portavoz de Unidas Podemos.
«Tienen derecho a manifestarse un ratito», insistió Ayuso horas después de que el delegado del Gobierno, el socialista José Manuel Franco, diera orden a la Policía Nacional de evitar las concentraciones habituales de las nueve de la noche alegando que se estaban incumpliendo las normas del confinamiento y que se ponía en riesgo la salud del resto de los vecinos
Pablo Casado (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox) desmarcaron a sus partidos de la organización de las protestas, pero insistieron en el derecho constitucional a reunirse de todos los ciudadanos.
Identificados
La única voz discordante desde la derecha fue la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se limitó a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los concentrados para no incrementar los contagios, aunque recordó que las caceroladas son una «forma pacífica de protesta inaugurada por Podemos».
La mediatización de esta protesta provocó que la Delegación de Gobierno en Madrid reforzara este jueves el dispositivo policial, entre la indignación vecinal. El delegado, José Manuel Franco, investigado por prevaricación en un juzgado madrileño por autorizar las marchas del 8M, explicó que «nosotros, a través de la policía, tratamos de que se cumpla la ley para mantener la distancia y que no se produzcan aglomeraciones».
La fuerte presencia policial impidió aglomeraciones, pero provocó que se intensificaran los reproche de los vecinos al Gobierno. «Nos reprimen con nuestros impuestos y nos queda ni el derecho al pataleo», se quejaba un habitual de las concentraciones. Además de algunos insultos, la víspera de san Isidro se saldó con varios identificados y la correspondiente propuesta de sanción por el desafío.
Marlaska dice que la protesta es legítima, pero si no se pone en riesgo el derecho de la salud pública
Por su parte, el Ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a los responsables políticos que no hagan un llamamiento «a otra cosa que no sea a cumplir la normativa propia de esta situación excepcional extraordinaria que vivimos y que tanto está exigiendo del conjunto de la ciudadanía»
Así se ha mostrado el titular de Interior en la Cadena Ser al ser preguntado por las protestas de los vecinos de la zona madrileña de Núñez de Balboa contra el Gobierno central, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió. Preguntado sobre si con sus palabras se refería a Ayuso, el ministro ha contestado que no quería entrar en polémicas, pero que creía que la sociedad lo que está pidiendo a los políticos es «estar a la altura de ellos».
«Todos podemos ejercer nuestros derechos y libertades fundamentales, pero últimamente no estoy oyendo hablar del derecho a la salud pública», ha insistido el ministro, que ha dicho que no hay ningún derecho o libertad fundamental, que se encuentre suspendido en virtud del Estado de Alarma.
Para el ministro, la protesta es legítima y positiva contra la actuación del Gobierno y ha avalado el que es haga, pero eso sí, «sin poner en riesgo otros derechos fundamentales como la de la salud de los ciudadanos».
Grande-Marlaska ha dicho que Interior no mantiene dispositivos policiales «en calles y barrios en concreto» y que lo que hace es garantizar que la salud de los ciudadanos «no se pone en riesgo», una circunstancia, en la que ha dicho colabora el 99,9 por ciento de los ciudadanos.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha defendido que «lo que está haciendo de manera ejemplar la policía es preservar la salud de las y los madrileños. No vamos a consentir que se atente contra su salud», señaló en su cuenta de Twitter.