El Gobierno aprueba el real decreto de Justicia para paliar las medidas del coronavirus entre dudas y críticas

Habilita agosto y los juicios telemáticos, además de sesiones vespertinas para evitar el atasco judicial

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo

REDACCIÓN / AGENCIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto diseñado por Justicia para intentar evitar el colapso de los juzgados cuando se reanude su actividad, un texto con medidas organizativas, procesales y concursales recibido con críticas y dudas desde diversos ámbitos ante la falta de presupuesto y de consenso.

En una nota de prensa, el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha destacado que el texto nace «del diálogo constante y reforzado» con todas las administraciones y colectivos implicados y con la prioridad de garantizar su salud, pero el PP ya ha anunciado que no ve posible apoyar el real decreto cuando llegue al Parlamento, donde considera que se tenía que haber negociado.

«Recibimos un borrador ayer lunes a las 18.00 horas», recalca a Efe el portavoz de Justicia del grupo popular, Luis Santamaría, que muestra dudas sobre la legalidad de algunos artículos y denuncia que no incluya planes de refuerzo ni medidas presupuestarias.

Advierte además que falta un estudio sobre la realidad que tendrán afrontar los juzgados estos próximos tres meses -el período de vigencia del decreto- y medidas concretas para garantizar la salud de los trabajadores, punto que también han criticado los principales sindicatos del sector.

El decreto apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales. Prioriza además los casos que tengan que ver con la protección de menores; moratorias de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas; o despidos. Habilita buena parte del mes de agosto (del 11 al 31) y prevé organizar jornadas de mañana y de tarde en los juzgados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la administración de justicia, ve ineficientes las medidas y critica que no vayan unidas a un plan negociado para que las plantillas se reincorporen de manera segura, lo que exige, en su opinión, realizar test fiables a todo el personal.

CC.OO. también exige que la jornada de tarde y la movilidad sean siempre voluntarias, algo que reclama asimismo la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).

Campo ha mantenido reuniones con todos los operadores antes de llevar al Consejo su decreto y desde el Ministerio se destaca el apoyo que le han trasladado todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP, pero tanto desde este partido como desde otros sectores se niega que haya habido negociación.

En declaraciones a Efe, la portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistrada (APM), María Jesús del Barco, subraya que «no hay dinero» para llevar a cabo algunas medidas, que necesitan soporte presupuestario y refuerzo de personal, y recuerda que otras «no se corresponden» con la realidad de los juzgados, sin suficientes medios para funcionar telemáticamente.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se critica también la falta de consenso y advierten de que cualquier medida que se adopte sin más recursos es «meramente cosmética».

La AJFV ve innecesario un procedimiento especial de familia, duda de la creación de juzgados especiales para los casos vinculados al covid-19 y, sobre la habilitación de agosto, considera más efectivo concentrar las vacaciones de todo el personal el mismo mes, para evitar disfunciones en los juzgados.

En el mismo sentido se ha manifestado el Consejo General de la Abogacía, que augura que muchas vistas que se convoquen acabarán siendo suspendidas. El decreto dispensa a los abogados de llevar toga.

Para la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), sin embargo, el decreto es «razonable» y contiene algunas medidas imprescindibles, asumiendo que todos los trabajadores de la justicia tendrán una sobrecarga de trabajo en los próximos meses.

«La sociedad española tiene que estar a la altura de sus sanitarios», apunta a Efe su portavoz, Ignacio González Vega, que reconoce también que se necesitarán más medios y más juzgados de lo social y mercantiles.

Fuentes de Justicia explican que en estos primeros meses, ante la necesidad de mantener las distancias de seguridad, no se ha planteado reforzar plantillas, y apuntan que las jornadas de mañana y tarde también ayudarán a ese propósito.

No mejorarán sin embargo los resultados de los juzgados, «lo que hasta ahora se hacía en horario continuado ahora se hará dividido en dos turnos», avisa Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), que sí ve razonables otras medidas, como la ampliación de los plazos suspendidos.

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