Justicia aprueba jornadas de tarde en los juzgados y habilitar agosto sin el apoyo del PP

Pablo Casado anuncia su voto en contra, pese al apoyo de algunas comunidades autónomas de su partido

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una foto de archivo

Madrid / Colpisa

El real decreto de medidas procesales y organizativas en la administración de Justicia, que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros para evitar el colapso tras la suspensión de la actividad por el covid-19, contiene varios puntos fuertes y un marco temporal de ejecución de tres meses desde su entrada en vigor. La norma que se llevará al Congreso incluye la creación de juzgados especializados en aquellas jurisdicciones más afectadas por la crisis sanitaria. Se habilitará el mes de agosto a pleno rendimiento en juzgados y tribunales, habrá jornadas vespertinas y los juicios, salvo en casos graves, serán telemáticos.

Además, el contador de los plazos de tramitación se pondrá a cero cuando vuelva la actividad. Fuentes de Justicia explicaron este lunes que se trata de una «normativa de transición» hasta que no se normalice el profundo impacto de la crisis sanitaria.

El plan busca preparar un escenario «que haga más fácil que las máquinas se pongan en marcha» y salvar en la medida de lo posible aquellos actos jurídicos trascendentales para los ciudadanos, como los ERTE recurridos o los concursos de acreedores, «dando plena validez a las actuaciones por vía telemática».

No se trata, por lo tanto, de dotar de una aportación económica para la efectividad del plan de choque, una circunstancia reclamada por las asociaciones judiciales, sino de implementar medidas tecnológicas factibles para que la administración de Justicia «pueda sacar la cabeza» en los próximos tres meses.

Después, explican las fuentes ministeriales, vendrá los refuerzos humanos y materiales, con la posibilidad de recuperar la figura de los jueces sustitutos que en su día eliminó Ruiz-Gallardón.

El decreto fue consensuado por los consejeros de Justicia de todas las comunidades, incluidas las del PP. Incluso el titular de esta cartera en la Comunidad de Madrid, Enrique López, fue quien propuso la posibilidad de habilitar el mes de agosto, recalcan desde Justicia para evidenciar el acuerdo entre partidos. 

Pablo Casado, en contra

Ese acuerdo no ha sido refrendado por el líder del PP. Pablo Casado aseguró este lunes que su partido no apoyará el decreto y alegó que una ley orgánica «no se puede modificar por real decreto». Además, adujo que la independencia del Poder Judicial es «fundamental» y denunció que el Ejecutivo ha puesto a la Justicia «en la diana».

A la espera de ver si el PP rechaza el plan de choque o facilita la aprobación del decreto, el borrador incluye que los turnos de tarde para los funcionarios serán voluntarios. Además, aborda las vacaciones del personal si se concreta la habilitación plena de agosto. «Se podrán denegar atendiendo a las necesidades del servicio», admiten desde Justicia.

Con el consenso de los fiscales y de los letrados habrá que pulir también el sistema de cita previa para la tramitación de actos jurídicos tanto para particulares como para abogados.

Los efectos prácticos de la crisis sanitaria tendrán repercusión en el ámbito civil (cualquier trámite afectado por la suspensión de los procedimientos en el registro civil, como una boda o un divorcio), mercantil (concursos de acreedores), social (ayudas a empresas, vacaciones o despidos improcedentes), contencioso-administrativo y penal.

En mercantil, el CGPJ estima que el principal impacto será la solicitud de procedimientos de insolvencia y aboga por ello por la reforma de la Ley Concursal. Y, en la penal, plantea que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente para delitos leves o en los que haya habido conformidad.

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