Moncloa define las críticas de Iglesias a la Justicia como «libertad de expresión»

El PP explica el «silencio» de Sánchez por «miedo» a su vicepresidente segundo

Isabel Serra, durante un mitin de la pasada campaña electoral
Isabel Serra, durante un mitin de la pasada campaña electoral

Madrid / La Voz

El Gobierno se pone de perfil ante el enfrentamiento abierto que mantiene su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con el poder judicial. «Probablemente se enmarcan dentro de la libertad de expresión», expuso la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al ser cuestionada por este tema en la rueda de prensa que ofreció ayer a la conclusión del Consejo de Ministros. «El Gobierno acata y respeta las resoluciones judiciales, y tiene un absoluto respeto por la separación de poderes», defendió.

En el mismo sentido se expresaba unas horas antes la ministra de Defensa, Margarita Robles, al argumentar que las decisiones judiciales están sujetas a «crítica», siempre y cuando no se traspasen ciertos «límites», argumentó la exmagistrada de lo contencioso en la Audiencia Nacional.

El último episodio de esta disputa dialéctica que mantiene el líder de Podemos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a raíz del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se condena a la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, a 19 meses de cárcel por delitos de atentado, lesiones leves y daños a agentes de la Policía Nacional que intervenían en un desahucio, y al que Iglesias reaccionó de la siguiente forma: «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Estas declaraciones fueron reprobadas por el CGPJ, que mostró su «profundo malestar» a través de un comunicado en el que, tras reconocer el «legítimo derecho a la crítica», acusaron a Iglesias de sembrar de forma infundada la «sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles», circunstancia que contribuye al deterioro de la imagen de la justicia.

Pablo Iglesias guardó ayer silencio, pero Podemos respondió al comunicado a través de Pablo Echenique, el portavoz del grupo en el Congreso: «Lo que deteriora la imagen de la Justicia son las sentencias sin pruebas materiales», afirmó a su paso por RNE, dando a entender que su compañera de partido fue sentenciada sin pruebas de peso. 

El «silencio» de Campo

Mientras, en el PP lamentan el «silencio» del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como del presidente. «Sánchez tiene miedo a Iglesias y por eso ni lo reprende, ni lo corrige ni se desmarca de sus declaraciones, cada vez que Iglesias ataca a los jueces», denunció el portavoz de los populares en la comisión de Justicia, Luis Santamaría.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, también afeó el comportamiento de «un vicepresidente que se dedica a desacreditar nuestra democracia».

La polémica entre el líder de Podemos y el CGPJ viene arrastrándose desde enero, cuando a los pocos días de prometer el cargo de vicepresidente se refirió a una sentencia de los tribunales europeos sobre Puigdemont como «una humillación para el Estado español», palabras que también fueron reprobadas por otro comunicado similar.

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