Una jueza de Manresa desestima la denuncia de Junqueras contra el Supremo por amenazas

LA VOZ REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA

Oriol Junqueras, a su llegadaa principios de marzo al campus de la UVic-UCC en Manresa,
Oriol Junqueras, a su llegadaa principios de marzo al campus de la UVic-UCC en Manresa, David Zorrakino | Europa Press

El líder de ERC cuestionó la advertencia del alto tribunal a los funcionarios de la Generalitat en caso de ponerlo en libertad

22 abr 2020 . Actualizado a las 16:34 h.

Una juez de Manresa (Barcelona) ha rechazado la querella por coacciones y amenazas que interpuso el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en la que pedía que se investigara la advertencia del Supremo de que excarcelar a los líderes independentistas por el coronavirus sería delito.

En un auto, la titular del Juzgado de instrucción número 7 de Manresa resuelve no admitir a trámite la querella y archivar las actuaciones, al resaltar que el propio Junqueras atribuye los hechos supuestamente delictivos a miembros del Tribunal Supremo, que son aforados, por lo que no tiene competencias para investigar el caso.

En su escrito, que se puede recurrir, la magistrada precisa que Junqueras podría interponer su querella ante el órgano jurisdiccional competente, que sería el propio Supremo.

Junqueras presentó el pasado 6 de abril una querella por coacciones y amenazas en los juzgados de Manresa (Barcelona) para pedir que se investigara la advertencia del Supremo de que excarcelar a los líderes independentistas por el coronavirus, como planteó la consejería de Justicia a las juntas de tratamiento de las cárceles, podría suponer un delito de prevaricación.

En consonancia con el criterio de la Fiscalía, la juez concluye que existen indicios «suficientes» de «autoría concreta» en la confección y emisión del mensaje por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ya que la función de la «persona concreta» de su servicio de prensa que difundió el mensaje a un chat de periodistas «sería solo instrumental» ya que describe voluntad del alto tribunal.

En su querella, Junqueras ya apuntaba que el mensaje en que se advertía de que podía ser delito que permitir que los presos del procés fueran confinados en sus casas por el coronavirus se envió a decenas de periodistas en un grupo de WhatsApp desde un número de teléfono vinculado a la Oficina de Comunicación del Supremo.

Según la juez, la teoría de la «autoría desconocida» en la confección y emisión del mensaje supone una «mera conjetura», ya que la responsabilidad recae en los miembros del alto tribunal, que son aforados y por lo tanto escapan a su ámbito de competencias.

En su querella, presentada también por un delito contra los derechos cívicos fundamentales, el líder de ERC pedía que se investigara el origen del mensaje que el servicio de prensa del Supremo remitió a los medios después de que la Generalitat anunciara que estudiaba resquicios legales para que los presos con el 100.2 pasaran el confinamiento en su casa. En ese mensaje, el Supremo advertía de que excarcelar a los líderes independentistas presos podría ser un delito de prevaricación y avisaba de que pediría explicaciones a los miembros de las juntas de tratamiento de las cárceles que permitieran a los presos del procés pasar la cuarentena en sus casas.

Finalmente, las cárceles catalanas acordaron permitir confinarse en sus domicilios a una quincena de presos que tenían autorizadas salidas para trabajar en aplicación del artículo 100.2, pero ninguno de ellos los líderes del procés.

En su querella, Oriol Junqueras instaba a que se identificara a los responsables de la «confección y emisión del mensaje amenazador y coactivo» del Supremo, que a su parecer supone un «inmerecido ataque a la separación de poderes, a la libertad de toma de decisiones administrativas independientes, a la neutralidad en la actuación de funcionarios y al respeto a los derechos civiles».

La querella pedía al juzgado de Manresa que investigara los hechos y, para ello, citara a declarar como testigos a los responsables de prensa del Supremo y a los miembros de las juntas de tratamiento que descartaron mandar a los líderes del procés a su casa a pasar el confinamiento.