La declaración del estado de alarma, en el que estamos inmersos desde hace 35 días, ha supuesto la cesión, parcial o absoluta, de derechos fundamentales de los ciudadanos. Ha transcurrido más de un mes sin libertad de movimientos, sin derecho de reunión, y en innumerables sectores sin libertad de comercio. Algo insólito en una democracia. Y, sin embargo, tal perturbación en la vida pública e individual -con el agravante insalvable del quebranto económico a millares de personas- ha sido ejemplarmente acatada por la sociedad. Lo hace para ayudar a superar solidariamente un mal de proporciones extraordinarias. No porque no aprecie como intrínsecos cada uno de esos derechos.
El Gobierno debería saberlo. Y agradecerlo. En lugar de reiterarse desde las pantallas en obvios consejos y autoimposición de condecoraciones, más consecuente sería que tratase a los ciudadanos con respeto. Respeto en la dotación de material sanitario, en la atención a cuidadores y enfermos, en la acción contra el desorden en las residencias, en el recuento de los daños de la pandemia, hasta en la deplorable atención a las víctimas cuando llega el último momento. Y, desde luego, en la información transparente a los ciudadanos.
La sibilina pregunta deslizada por los artífices del CIS en la primera encuesta sobre el coronavirus descubre que la intención no es esa, sino sondear si sería aceptado por la población cercenar otro derecho esencial: nada menos que la libertad de información. La respuesta, ya la expresamos desde aquí, es no. Rotundamente no. Si este derecho es siempre constitutivo de la democracia -es decir: signo de civilización-, en este momento es crucial, y la sola mención de la palabra censura degrada a quien la invoca.
La libertad de información no es un derecho de los periodistas, sino de los ciudadanos. A aquellos les exige ética, solvencia, voluntad de veracidad y de servicio. Y a estos -a cada persona- les garantiza el conocimiento de la realidad. Con el contraste de fuentes, la pluralidad de percepciones y el descubrimiento de opiniones coincidentes o contrarias, es insustituible para integrarse en la sociedad y para desarrollar el propio pensamiento. Como ya pasó en la historia, solo quien prefiere siervos a personas libres puede tener la tentación de limitarla. Y no se puede consentir.
Por tanto, para un Gobierno que lleve con honor el apellido democrático, la pregunta no es nunca si hay que censurar. Sí puede hacerse esta doble: cómo fortalecer el trabajo de los periodistas y cómo facilitar la transparencia informativa. No es un bulo decir que estos días está muy limitada.