El juez manda a juicio a Ignacio González por el caso Lezo y le pide ocho años de cárcel

García Castellón acusa al expresidente madrileño de malversación y fraude a la administración

El expresidente madrileño Ignacio González
El expresidente madrileño Ignacio González

REDACCIÓN / AGENCIAS

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado la apertura de juicio oral para el expresidente madrileño Ignacio González por fraude a la administración y malversación en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en el 2013.

Junto a él se sentarán en el banquillo Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte de González en Latinoamérica, la exdirectiva del Canal María Fernanda Richmond, el exdirectivo de la filial colombiana Inassa Diego Fernando García Arias, el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, el exgerente de la empresa Triple A Ramón Navarro Pereira y Sebastiao Cristovam -propietario de Emissao-.

Según el auto de apertura de juicio oral, fechado el 5 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, los acusados deberán depositar de forma conjunta en concepto de responsabilidad civil, por «el sobreprecio pagado por la adquisición de Emissao», 9,2 millones de dólares, de los ya han sido devueltos 6,5 millones, por lo que deberán indemnizar al Canal de Isabel II con los dos millones de euros que quedarían por abonar.

Para Rodríguez Sobrino, Diego Fernando García Arias, Ramón Navarro Pereira y Sebastiao Cristovam, el juez entiende que concurre la atenuante de reparación del daño, y respecto a García Arias Navarro Pereira entiende que es también de aplicación la circunstancia atenuante analógica de confesión.

Según refleja el auto, Rodríguez Sobrino ha devuelto a la Justicia un total de 2,7 millones de dólares que tenía en una cuenta de una sociedad, que correspondía al importe de su comisión y la de Ignacio González. Por su parte, el propietario de Emissao realizó las gestiones necesarias ante las autoridades suizas para que desde su cuenta del Royal Bank de Canadá en Ginebra se transfirieran 2 millones de dólares a la cuenta de consignaciones judiciales, mientras que el resto de acusados a los que se aplica la atenuante de reparación del daño devolvieron ingresaron a esas cuenta distintas cantidades.

La Fiscalía ya emitió en enero su escrito de acusación por estos hechos y reclama 8 años de cárcel para González, 7 años para Rodríguez Sobrino y Vicente Moro, 6 años y medio para Sebastiao Cristovam, 5 años para Richmond y dos años para Navarro y García Arias.

Según el escrito del Ministerio Público, que en reproduce el auto del juez, con cargo al sobreprecio que se pagó por la citada empresa, González se repartió con otras cuatro personas 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros, calcula la Fiscalía- en comisiones ilegales. Él, que se ocultaba bajo el apodo de «Conde», cobró en concreto 1,8 millones de dólares a través de una sociedad panameña, de acuerdo con las investigaciones.

El proceso de compra de Emissao, que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014, «estuvo plagado de ilicitudes» y supuso una salida indebida de fondos públicos de entre 6,8 y 9,7 millones de euros, sostiene la Fiscalía.

A pesar de los informes y auditorías que alertaron del riesgo de la operación y cuestionaban que pudiera valorarse en los precios que se manejaban, en 2013 se acordó la compra del 80% de Emissao por 32,6 millones de dólares, con un borrador de contrato que «contó con el beneplácito de González». Finalmente la operación se cerró con la compra del 75 % de la empresa por 29,5 millones.

En otro auto también del 5 de marzo, el juez acuerda asimismo la apertura de juicio oral para 22 personas por la compra en el 2001 de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II con un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros.

En esa operación estuvieron investigados tanto González como el expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que finalmente quedaron fueran del caso, en el que están acusados los exconsejeros madrileños Juan Bravo y Pedro Calvo, a quienes la Fiscalía pide 7 años de cárcel por malversación.

Anticorrupción también pide la misma pena para el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal, Arturo Canalda, el ex director económico y de desarrollo comercial del Canal José Antonio de Cachavera y el exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras, entre otros.

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un «sobreprecio indebido» de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros «con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores».

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