Felipe VI actuó para salvar la Corona de los negocios opacos de su padre

Sánchez califica de «coherentes y necesarias» las medidas tomadas por el rey

El rey Felipe ya apartó a su padre de la vida pública
El rey Felipe ya apartó a su padre de la vida pública

madrid / colpisa

La exigencia de transparencia y ejemplaridad a la que Felipe VI se comprometió en su discurso de proclamación en junio del 2014 está por encima de todo, incluso de los lazos familiares. Así lo demostró este domingo cuando anunció la decisión de renunciar a la herencia de su padre y de retirarle la asignación oficial. Una ruptura con la que el rey quiso marcar perfil propio e intentar proteger la Corona de la sombra del que durante décadas fue su principal valedor.

Fue hace un año, el 5 de marzo, cuando el despacho británico de Abogados Kobre&Kim, que representa a Corinna Larsen, escribió una carta al monarca en la que le comunicaba, sin aportar documento alguno, que figuraba como beneficiario en la fundación Lucum, vinculada a don Juan Carlos y en el punto de mira de la Fiscalía suiza por su opacidad. El horizonte judicial de la que fuera amiga del rey emérito se había complicado después de salir a la luz las grabaciones en las que afirmaba que el exjefe del Estado la había utilizado como testaferro y en las que hacía referencia además al supuesto cobro de comisiones por el AVE a La Meca.

Con la Fiscalía del país helvético pisándole los talones, Larsen optó por pasar al ataque e intentar comprometer a Felipe VI en los negocios de su padre. Pero las intenciones de la empresaria alemana cayeron en saco roto. Lo primero que hizo el monarca fue responder al despacho de abogados que desconocía los hechos que le atribuían por lo que no tenía justificación que trataran de involucrarle. A continuación, mostró a Juan Carlos de Borbón la carta en la que se le comunicaba que a su fallecimiento sería beneficiario de la fundación Lucum, investigada por el supuesto cobro de comisiones millonarias de las arcas saudíes.

Felipe VI estaba obligado a actuar rápido si quería salvaguardar a la Corona y envió una copia de la carta a las autoridades competentes. Acudió además a un notario para dejar constancia de que, si eso había ocurrido, había sido a sus espaldas y para renunciar, en su nombre y en el de su hija mayor, la Princesa de Asturias, primera en la línea de sucesión al trono, a cualquier herencia personal que les pudiera corresponder.

Pero el monarca dio un paso más allá. Había llegado la hora de apartar a don Juan Carlos de la actividad pública, que se hizo tres meses después de recibir la misiva. La decisión no afectaba a la reina Sofía, que mantiene su agenda oficial. Cerrado el círculo solo quedaba ponerle fecha al divorcio y en Zarzuela decidieron retrasarlo para el momento en el que las informaciones involucraran directamente a Felipe VI, algo que se produjo el pasado fin de semana en el diario británico The Telegraph.

Antes de la separación oficial, el rey emérito hizo su último servicio a la Corona y cargó con sus propios errores. Ratificó que su hijo desconocía la existencia de las dos sociedades offshore que se le atribuyen. Todo un reconocimiento implícito de su existencia. Ahora serán los tribunales quienes diriman la veracidad de todas las acusaciones. 

Reacción oficial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su total respaldo a las decisiones «necesarias y coherentes» que ha adoptado el rey Felipe VI, al renunciar a la herencia de su padre y retirarle la asignación presupuestaria.

Sánchez insistió en que era una cuestión que «evidentemente ha sobresaltado al conjunto de la opinión pública». «A juicio del Gobierno y, en particular mío, lo único que puedo hacer es apoyar la decisión tomada por Felipe VI», dijo el presidente que vio las medidas coherentes con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que durante su reinado se han impulsado desde la casa real.

El rey emérito no ha recibido aún notificación judicial sobre su cuenta en Suiza 

J. A. Bravo

El abogado de Juan Carlos I anunció ayer que, «por el momento», el rey emérito «no ha recibido notificación» alguna de la justicia, española o de otro país, en relación al patrimonio que tendría en el extranjero. Según el diario La Tribuna de Ginebra, el monarca anterior tenía una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas. En dicho depósito, abierto a nombre de la sociedad instrumental panameña Fundación Lucum, se habrían ingresado 100 millones de dólares en el 2008 (unos 67,5 millones de euros al cambio de la época) procedente del rey saudí Abdalá. Y de ahí salió en el 2012 una entrega a su amiga íntima Corinna de 65 millones de euros que ahora investiga la Fiscalía suiza. 

Juan Carlos I ha contratado ahora al penalista Javier Sánchez-Junco para llevar su representación legal y también sus comunicaciones formales, decisión por la que este fiscal en excedencia dice sentirse «muy honrado de aceptar». En este sentido, ha anunciado a la prensa que cuando «cuente con elementos de conocimiento suficientes se darán las informaciones oportunas» a los medios. En cualquier caso, puntualiza en una primera nota que el rey emérito «no ha recibido» aún «comunicación o requerimiento de autoridad judicial fiscal alguna» de ningún Estado sobre el tema.

En septiembre de 2018, el entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Villarejo en la que se investigaban las grabaciones a Corinna. 

Inmunidad hasta el 2014

Para el juez instructor, sin embargo, aquellos indicios sobre la presunta existencia de fondos opacos en paraísos fiscales eran «extraordinariamente débiles». En su resolución, además, recordaba que fue Rey hasta el 19 de junio del 2014 y, por tanto, en todos sus actos y acciones hasta aquella fecha -conforme al artículo 56.3 de la Constitución- no está sujeto a responsabilidad penal alguna (tras su abdicación pasó a tener la condición de aforado ante el Supremo, donde eventualmente sí podría llegar a ser juzgado si se diera el caso). Ese mismo argumento es defendido ahora por la Fiscalía en la causa donde se investigan las comisiones pagadas por las obras del AVE saudí a La Meca, cuyo coste finalmente se disparó por encima de los 7.000 millones de euros.

El último cortafuegos de la Zarzuela 

M. E. A.

Con el país confinado en sus casas y pendientes del coronavirus, la casa real lanzó el domingo un comunicado inédito. Tres páginas en las que el monarca aseguró desconocer cómo procedió don Juan Carlos en relación a sus negocios, se desvinculó de los posibles fondos en paraísos fiscales y resolvió renunciar a su herencia y retirarle a su padre la asignación salarial con la que contaba hasta ahora proveniente del dinero público.

Dos medidas extremas con las que Felipe VI ha puesto un cortafuegos para proteger la institución que comanda. No es la primera vez que lo hace. En el 2011 cuando supo que su cuñado Iñaki Urdangarin acabaría sentado en el banquillo lo envió al destierro. Una vez proclamado rey y para salvaguardar la imagen de la corona -muy dañada por el escándalo de Nóos-, Felipe VI apartó completamente a su hermana, Cristina, y a su marido, a los que revocó, además, el título del Ducado de Palma. 

Hacía ya tiempo que había marcado distancias con su padre, e incluso, lo había alejado de la actividad institucional. En realidad, empezó a hacerlo desde el mismo momento que le cedió el testigo para tratar de achicar la larga sombra de sus conductas. 

De Botsuana a su abdicación

Desde la caída en Botsuana nada es como era. «Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir». Con esta disculpa, don Juan Carlos trató de aplacar en abril del 2012 la polémica por su viaje a una lujosa cacería en plena crisis económica en España. Trascendió porque sufrió un traspié que le obligó a pasar por el quirófano de urgencia para operarse la cadera.

El escándalo de la cacería y su relación con la empresaria alemana fueron dos torpedos que impactaron de pleno en su línea de flotación y dejaron a la monarquía española en caída libre. De acuerdo con el CIS de abril del 2013, los españoles valoraron a la institución con un 3,68 sobre 10, muy lejos del 7,48 que había registrado en noviembre de 1995.

Paralelamente, la salud del entonces jefe del Estado comenzó a resentirse y se vio obligado a pasar de nuevo por quirófano en septiembre del 2013. Era su quinta intervención en un año y medio, la decimotercera de toda su vida. La agenda institucional de don Juan Carlos comenzó a sufrir alteraciones mientras en la calle se instalaba el debate sobre su estado de salud. El paso del tiempo terminó por dar respuesta a esa pregunta y el 2 de junio del 2014, la casa real hacía pública su decisión de abdicar.

Desde entonces el terremoto de Botsuana ha vivido réplicas, como la publicación de los audios grabados por el comisario Villarejo a Larsen en los que esta afirma que el rey emérito tiene cuentas en Suiza a nombres de terceros y que ella fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero. Pero ninguna había tenido efectos tan reales como hasta ahora.

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