El futuro judicial de Juan Carlos de Borbón depende de su inviolabilidad

La Fiscalía dijo en el 2018 que no podía investigar al emérito por hechos previos al 2014

El rey Felipe VI junto a su padre,  durante la reunión del patronato de la Fundación Cotec del 2019
El rey Felipe VI junto a su padre, durante la reunión del patronato de la Fundación Cotec del 2019

MADRID / Colpisa

El escudo de la inviolabilidad del rey Juan Carlos mientras fue jefe del Estado (1975-2014) será el meollo jurídico de los diferentes frentes procesales en ciernes. No solo en España, con las pesquisas de Anticorrupción sobre las presuntas comisiones en el AVE saudí, sino también en Suiza, donde la Fiscalía de Ginebra tiene diligencias abiertas desde el 2018 por presunto blanqueo de capitales, y en el Reino Unido, donde Corinna Larsen ha anunciado una demanda por el acoso sufrido «hasta hoy».

Más allá de las revelaciones del caso Villarejo en el verano del 2018, el giro inmediato de los acontecimientos tuvo lugar el pasado 4 de marzo. La Tribuna de Ginebra publicó que Juan Carlos de Borbón tenía una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas. Estaba a nombre de la sociedad panameña Fundación Lucum. En ese depósito habría ingresado 100 millones de dólares en el 2008 del rey saudí Abdalá. Y de ahí salió en el 2012 una entrega a Corinna de 65 millones de euros que ahora investiga Suiza.

Tras conocerse estas informaciones, el abogado británico de Corinna, Robin Rathmell, del despacho Kobre&Kim, salió a escena este 4 de marzo. Admitió que su cliente recibió una «donación» del rey Juan Carlos en abril del 2012, después del famoso incidente del safari de Botsuana. Justificó el «regalo» por los cuidados que la familia Larsen había ofrecido al emérito cuando estuvo enfermo. Y negó cualquier vínculo del pago con la intermediación de Corinna en la adjudicación del AVE saudí a un consorcio español (fue ejecutado en el 2011 por 6.700 millones).

Con este contexto, este domingo llegó el comunicado de Zarzuela. Reconocía de forma implícita la existencia de esa sociedad panameña, de la que el rey Felipe ya rechazó cualquier derecho en abril del 2019 (un dato que se ha conocido ahora). La reacción se produjo tras informar el diario británico The Telegraph que este aparecía como segundo benefactor. Pero, entre líneas, este comunicado alimenta los indicios delictivos que investigan las fiscalías suiza (blanqueo de capitales) y española (corrupción en negocios internacionales). Más allá de las decisiones que tomen ahora los investigadores, el hecho de que el comunicado anunciara que don Juan Carlos había contratado a un abogado, el penalista Javier Sánchez-Junco, da buena medida del espinoso horizonte que se le presenta. No obstante, en todos estos frentes parte con una ventaja sustancial: la citada inviolabilidad de sus acciones en el ejercicio de su cargo como jefe del Estado. 

Auto del juez

En septiembre del 2018, el entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Villarejo en la que se investigaban las grabaciones a Corinna. Unos audios del 2015 en los que esta detallaba la presunta existencia de cuentas ocultas en Suiza del emérito. Pero para el juez los indicios fueron «extraordinariamente débiles».

En ese auto, además, se recordaba que este fue rey hasta el 19 de junio del 2014 y, por tanto, en todos sus actos y acciones hasta aquella fecha, en virtud del artículo 56.3 de la Constitución, no está sujeta a responsabilidad (tras la abdicación ha pasado a ser aforado ante el Tribunal Supremo). Un alegato defendido por la misma Fiscalía que ahora investiga las comisiones del AVE saudí. Pero ahora el contexto ha cambiado y los indicios se han incrementado. Pese a ello, los juristas consultados tienen discrepancias sobre si la inviolabilidad afecta a ordenamientos jurídicos distinto al español, como el suizo. Hay quien considera que los fondos en el país helvético pueden ser un delito continuado y otros que ven camino a la demanda de Corinna en Londres si esta documenta, «hasta el día de hoy» el acoso del CNI, para recuperar los documentos que posee sobre los negocios de don Juan Carlos.

El Gobierno aplaude la contundente reacción de Felipe VI y pide dejar trabajar a la Justicia 

M. e. Alfonso Madrid

El Gobierno expresó este lunes su respeto por la «contundente» y «respetable» decisión de Felipe VI de renunciar a su herencia personal y retirar al rey emérito su asignación oficial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó la «relevancia e importancia» del comunicado del monarca pero pidió dejar trabajar a la Justicia una vez este caso «está judicializado». «Es una declaración de confianza en las instituciones», remarcó el propio Grande-Marlaska en una intervención en la que insistió en que «este país necesita saber» el origen de la supuesta fortuna de Juan Carlos de Borbón.

Las palabras del ministro del Interior fueron las únicas de un miembro del Gobierno. Desde las filas constitucionalistas, el líder del PP, Pablo Casado, envío unas declaraciones grabadas en su despacho en las que se apreciaba en segundo plano una imagen del propio Casado con Felipe VI. El PP cerró filas con el rey y ratificó su apoyo ya expresado el domingo a través de las redes sociales.

Independentistas, el BNG y Podemos buscan cómo investigar el caso en el Congreso 

Partidos independentistas, Podemos y Más País han acordado unir fuerzas en el Congreso para encontrar fórmulas efectivas que permitan abrir una investigación sobre la fortuna del rey Juan Carlos, según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras conversar con los portavoces de las citadas formaciones. «He hablado en las últimas horas con los portavoces de Junts, la CUP, Bildu, Más País, BNG, Podemos y el PNV y hemos decidido comenzar a trabajar en común para encontrar vías de investigación efectivas entorno a las informaciones publicadas de la Casa Real», explicó Rufián, que hizo un llamamiento a los partidos constitucionalistas para que no frenen una investigación parlamentaria.

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) insta a la Agencia Tributaria a que ordene iniciar una investigación tributaria a Juan Carlos I por los indicios de la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales con la misma determinación que Felipe VI ha mostrado con su padre.

El abogado de Juan Carlos I fue fiscal en el caso Mario Conde

C. P. G.
Los reyes Felipe y Letizia durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019
Los reyes Felipe y Letizia durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019

Javier Sánchez-Junco Mans, el abogado contratado por el rey Juan Carlos para su defensa, atesora una larga experiencia como fiscal en materia anticorrupción, durante la que procesó al exbanquero Mario Conde por el caso Banesto. Sánchez-Junco dirige su propio bufete desde el 2001 y será quien dé cuenta públicamente de las informaciones que puedan afectar y se consideren procedentes del rey emérito. 

Sánchez-Junco estuvo en la función pública durante veinte años, en los que estuvo destinado en la Fiscalía de los tribunales superiores de Justicia de Asturias y de Madrid, en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y en la del Constitucional.

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