La ley de libertad sexual fractura al Gobierno

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Guerra abierta entre PSOE y Unidas Podemos por las críticas al borrador de la ministra Montero

06 mar 2020 . Actualizado a las 17:17 h.

Fin de la luna de miel. El Gobierno de coalición cumple sus primeros cincuenta días inmerso en su mayor crisis interna desde su toma de posesión. Aunque el mensaje oficial era que la sintonía superaba las expectativas, la presentación de la ley de libertad sexual ha puesto de manifiesto las profundas diferencias, que trascienden este texto legal. 

Calendario

Presiones de Montero. Aunque desde el primer momento surgieron discrepancias, especialmente en lo que afecta a la política de comunicación, ha sido la ley de libertad sexual la que ha hecho estallar las hostilidades. Frente al deseo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de abordar integralmente la reforma del Código Penal, Unidas Podemos presionó a Sánchez y exigió que el anteproyecto, impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se aprobara antes del 8 de marzo para hacer bandera de él en el Día Internacional de la Mujer. El PSOE accedió finalmente a que el texto se presentara por adelantado. 

«chapuza» legal

Objeciones de Justicia. Tras recibir a principios de febrero el primer texto de la norma de manos de Montero, el titular de Justicia se reunió con los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska y Defensa, Margarita Robles, ambos jueces también, que apreciaron numerosas carencias, constatando que debía ser modificada en profundidad. En un duro informe, Justicia calificó el anteproyecto como una «tormenta de ideas». Desde entonces, Campo debatió con Montero las rectificaciones. Pero desde Unidas Podemos se consideró que se estaban poniendo trabas a la ley y aplazando su tramitación. Hasta el martes, día de su presentación en el Consejo de Ministros, se mantuvo la pugna. Pero la tormenta estalló cuando desde el PSOE se filtró que el texto inicial de Montero era una «chapuza» plagada de imprecisiones que no cumplía con los mínimos parámetros jurídicos e invadía competencias autonómicas.