La ley de libertad sexual fractura al Gobierno

Guerra abierta entre PSOE y Unidas Podemos por las críticas al borrador de la ministra Montero

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Fractura en el Gobierno de coalición a cuenta de la ley de libertad sexual Campo: «Los políticos hablamos demasiado»

Madrid / la voz

Fin de la luna de miel. El Gobierno de coalición cumple sus primeros cincuenta días inmerso en su mayor crisis interna desde su toma de posesión. Aunque el mensaje oficial era que la sintonía superaba las expectativas, la presentación de la ley de libertad sexual ha puesto de manifiesto las profundas diferencias, que trascienden este texto legal. 

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Presiones de Montero. Aunque desde el primer momento surgieron discrepancias, especialmente en lo que afecta a la política de comunicación, ha sido la ley de libertad sexual la que ha hecho estallar las hostilidades. Frente al deseo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de abordar integralmente la reforma del Código Penal, Unidas Podemos presionó a Sánchez y exigió que el anteproyecto, impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se aprobara antes del 8 de marzo para hacer bandera de él en el Día Internacional de la Mujer. El PSOE accedió finalmente a que el texto se presentara por adelantado. 

«chapuza» legal

Objeciones de Justicia. Tras recibir a principios de febrero el primer texto de la norma de manos de Montero, el titular de Justicia se reunió con los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska y Defensa, Margarita Robles, ambos jueces también, que apreciaron numerosas carencias, constatando que debía ser modificada en profundidad. En un duro informe, Justicia calificó el anteproyecto como una «tormenta de ideas». Desde entonces, Campo debatió con Montero las rectificaciones. Pero desde Unidas Podemos se consideró que se estaban poniendo trabas a la ley y aplazando su tramitación. Hasta el martes, día de su presentación en el Consejo de Ministros, se mantuvo la pugna. Pero la tormenta estalló cuando desde el PSOE se filtró que el texto inicial de Montero era una «chapuza» plagada de imprecisiones que no cumplía con los mínimos parámetros jurídicos e invadía competencias autonómicas. 

Duro informe

«Inadecuada técnica legislativa». El documento de alegaciones al texto presentado por la ministra Montero tiene 26 páginas y afecta a la mayoría de artículos, las disposiciones finales y la parte expositiva. El documento, publicado por la cadena Ser, advierte de la «inadecuada técnica legislativa»; de que «no queda clara la delimitación con la ley integral contra la violencia de género»; de artículos duplicados con otras leyes y hasta de la forma incorrecta de encabezar cada artículo. 

«MAchistas frustrados»

Iglesias defiende a la ministra. El escrito de alegaciones llega al punto de señalar errores ortográficos y la utilización de palabras que no están en el diccionario de la RAE. Una filtración que en Unidas Podemos atribuyen a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la que acusan de no aceptar la pérdida de competencias en Igualdad. Algo que llevó a Pablo Iglesias a admitir públicamente la crisis afirmando que «en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado». Palabras que en el PSOE se consideraron un ataque directo contra el ministro de Justicia. 

«Machotes»

El PSOE replica. Aunque Calvo y Campo trataron de apagar el fuego enmarcando en la normalidad las modificaciones, el malestar en Unidas Podemos va en aumento. El portavoz de la formación, Pablo Echenique, insistió este miércoles en que «cuando mujeres prestigiosas redactan una ley hace falta que venga un machote a decir: ‘No te preocupes, que yo te explico cómo se hacen las cosas'». Pero, desde el PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, replicó de inmediato: «No hay ministros machistas, aquí hay un Gobierno feminista, del primero al último», dijo, mientras que Campo afirmó por su parte que «los políticos hablan demasiado». 

La venganza de Podemos

Enmiendas a la ley de Educación. La tensión ha hecho saltar todas las barreras pactadas para evitar las discrepancias en público. Unidas Podemos ha respondido a lo que consideran un intento del PSOE de reivindicar de cara a las elecciones su experiencia de Gobierno frente a la bisoñez de los ministros morados. Y contraataca con la ley de educación de la ministra Isabel Celaá, anunciando que enmendará la norma aprobada por el Consejo de Ministros, del que forma parte. El argumento es que es necesario introducir cambios para incluir la prohibición de que los colegios que «segregan a sus alumnos por sexo» reciban subvenciones del Estado. Aunque, según Echenique, se pactó que las leyes que redacte «una de las partes» podrían «mejorarse» en la tramitación parlamentaria, eso no se habría cumplido en el caso de la ley de libertad sexual, modificada antes de su presentación. 

Celaá admite la crisis

Bronca, pero no «intensa». Ante la escalada de tensión, Celaá, se comprometió este miércoles a cumplir los acuerdos de Gobierno con Podemos. Admitió, además, las diferencias sobre la ley de libertad sexual, aunque, según dijo, la bronca «no ha sido intensa».

Igualdad dice que quiere hacer realidad el lema «Sola y borracha quiero llegar a casa» 

«Queremos que el grito feminista ‘Sola y borracha, quiero llegar a casa' se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros». Este texto, difundido desde la cuenta oficial del Ministerio de Igualdad para defender la ley de libertad sexual, ha elevado la polémica en torno a la norma presentada por el Gobierno. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, escribió en su cuenta personal que «cuando las mujeres gritan en las calles sola y borracha quiero llegar a casa dicen algo esencial: ni cómo vistes, ni si has bebido».

La defensa de ese lema, que liga las agresiones a la ingesta de alcohol por parte de las víctimas, recibió duras críticas. «Bebe con moderación. No lo decimos nosotros, lo dice la OMS y todos los organismos oficiales. Todos excepto el Ministerio de Irene Montero, que prefiere fomentar el consumo abusivo», señalaron en la cuenta del PP, mientras que Santiago Abascal, líder de Vox, consideró «entre cómico y aberrante» que el objetivo de Montero sea «que las mujeres vayan solas y borrachas por la calle». La candidata a la presidencia de Ciudadanos, Inés Arrimadas, destacó por su parte «cuánto daño está haciendo el sectarismo sanchista y de Podemos a la lucha por la igualdad y el feminismo». «Yo no quiero que mis hijas vayan solas, ni mucho menos borrachas», dijo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Cs.

El recurso de la Abogacía en el caso de José Couso abre otro frente de discordia en el Ejecutivo 

Además de la ley de libertad sexual y la de Educación, el caso Couso ha abierto otro frente de discordia en el Gobierno de coalición. La Abogacía del Estado anunció su intención de recurrir la condena que obliga al Estado a indemnizar con 182.000 euros a la familia del cámara gallego José Couso, fallecido en Irak por disparos del Ejército de EE. UU en el 2003. En un comunicado conjunto, Podemos e Izquierda Unida, miembros del Gobierno, rechazan el recurso, que fue refrendado por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Destacan que la sentencia fue «clara» sobre la procedencia de la indemnización y la reparación establecida. «Seguiremos trabajando para que a la viuda, hijos y familia de José Couso les sea plenamente reparado el daño causado», señalan en la nota, en la que expresan todo su apoyo a la familia Couso y a la batalla judicial que ha emprendido.

Iglesias y Montero cobrarán cada uno 4.500 euros al mes más al sacar el tope salarial en Podemos

Fran Balado
Pablo Iglesias e Irene Montero, en el Congreso de los Diputados
Pablo Iglesias e Irene Montero, en el Congreso de los Diputados

La solución que adoptará Adelante Andalucía se basa en reajustar el tope salarial: si antes el máximo eran tres salarios mínimos, a partir de ahora serán 2,5

Las explicaciones ofrecidas en las últimas horas por la dirección de Podemos, intentando acallar la tormenta de críticas que se originó tras desvelarse la intención de Pablo Iglesias de poner fin al tope retributivo para los cargos del partido equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales (el resto lo donaban al partido), no han surtido efecto.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, justificó esta decisión que se aprobará en unas semanas en la tercera asamblea ciudadana estatal de Podemos como la única vía que garantiza que, tras la subida del salario mínimo, la caja del partido siga recibiendo aportaciones de sus cargos. La misma línea argumental que siguió el secretario de organización, Alberto Rodríguez, quien difundió un vídeo en el que, además de acusar a los medios de comunicación de «malmeter» y de «mentir», trata de explicar la medida: «El SMI ha estado subiendo muchísimo», asegura, hasta el punto que podría darse la «paradoja» de que «si sigue subiendo, nuestros cargos no van a poder donar, porque van a cobrar menos».

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