La Fiscalía pide al Supremo la inadmisión del recurso de Torra por su inhabilitación
ESPAÑA
La Fiscalía ha solicitado al Supremo que no admita a trámite el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra su condena de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período electoral y, en caso de no aceptar esta propuesta, pide que se confirme la sentencia.
En su escrito ante la Sala de lo Penal, fechado el 24 de febrero y al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide directamente que no se admita el recurso, si bien, subsidiariamente, impugna todos los motivos que alegó Torra contra su condena a un año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC).
El ministerio público solicita, por tanto, que se confirme su inhabilitación -que le impide ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo-, lo que implica que sería apartado de su cargo de presidente de la Generalitat.
La Fiscalía deja claro que la condena, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no afecta «en ningún caso» a «la inviolabilidad parlamentaria» de Torra porque no se produjo a raíz de «opiniones vertidas en el Parlamento», sino por «hechos y omisiones ante los requerimientos de la Junta Electoral Central».
Falta de neutralidad
Su decisión, recuerda, fue «contraria a las exigencias de neutralidad en período electoral [las elecciones generales del 10N], que también obligan al presidente de la comunidad autónoma».
En un escrito eminentemente político, Torra denunció una «palmaria persecución política» que pretendía apartarle «ilegalmente» del Gobierno autonómico, argumentos en los que no entra la fiscala, porque la sentencia recurrida «se ciñe a hechos y aplicación del derecho».
Niega que el tribunal que le condenó fuese parcial o que se haya vulnerado su libertad de expresión pues, como dijo la sentencia de la causa del 1-O por la que fueron condenados varios líderes independentistas, este derecho «nada tiene que ver con los hechos, que no opiniones, que aquí se describen».
En su escrito, la fiscala defiende la competencia de la Junta Electoral como autoridad superior en el ámbito electoral y recuerda que en las elecciones generales, el presidente de una comunidad «carece en absoluto de competencias».