El PP recurre la elección de Delgado como fiscala del Estado aprobada ayer

El Consejo de Ministros acuerda un calendario legislativo que prevé sacar adelante 92 leyes en el 2020, incluidos los Presupuestos

Dolores Delgado
Dolores Delgado

MAdrid / La voz

El PP recurrirá ante el Tribunal Supremo el nombramiento de la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado como fiscala general del Estado que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros. La portavoz parlamentaria de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció la presentación de esa impugnación por «no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo». Para reforzar sus argumentos, la diputada del PP se refirió a la reciente comparecencia de Delgado en el Congreso y aseguró que en su intervención la candidata demostró «el grado de odio, animadversión y hostilidad que destila» frente a «todo lo que no es de su cuerda». Algo que, a su juicio, «la inhabilita para ocupar el cargo».

El secretario de justicia e interior del PP, Enrique López, aseguró también que el nombramiento de Delgado «debilita al Estado de derecho, a la propia democracia y a la imagen del Ministerio Fiscal en sus importantes objetivos que marca la Constitución» porque se trata de una persona con un «claro déficit de imparcialidad y objetividad». Al margen del recorrido del recurso del PP, Delgado ejercerá a partir de hoy como fiscala general del Estado una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado y jure su cargo en el palacio de la Zarzuela en un acto previsto para hoy a las 10.30 horas.

Reforma de la Constitución

El Consejo de Ministros dio también el visto bueno a un calendario legislativo en el que se prevé la aprobación durante el año 2020 de 92 leyes, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, la mitad de esos proyectos legislativos podrían quedar aprobados antes del mes de agosto y, el resto, antes de que concluya el ejercicio. Entre otras cuestiones, se contempla la reforma del Código Penal que prevé la rebaja de las penas para los delitos de sedición en concurso con malversación, que podría beneficiar a los independentistas condenados en el juicio del procés. Calvo no precisó si será una de las leyes que queden aprobadas antes del verano. Explicó que la presentación en el Congreso de esa reforma sí está prevista «en el primer período», pero eludió comprometerse a que este sea uno de los proyectos que queden definitivamente aprobados antes del mes de agosto.

El Ejecutivo considera «absolutamente necesarias» las leyes pendientes de aprobación, por lo que se les dará la calificación de «legislación de urgencia», tal y como, según dijo, se contempla en todas las democracias del mundo para cuestiones puntuales. Entre todo el paquete de leyes que figura en el calendario, la vicepresidenta destacó la aprobación de una nueva de educación; la ley de cambio climático y la ley de lucha contra el fraude, además de una modificación del artículo 49 de la Constitución, en el que se recoge el término «disminuidos», para sustituirlo por el de «personas con discapacidad». Esa modificación requeriría el apoyo de dos tercios de los diputados de ambas Cámaras, por lo que el Gobierno dijo esperar que sea apoyada por los grupos de la oposición, aunque sin precisar si la reforma se limitará a ese punto o se incluirá en un cambio de mayor calado.

Calvo defendió también la entrada del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia del CNI que, según dijo, «tiene poco misterio» y se ha decidido para que el Gobierno de coalición, «en el que estamos todos», funcione «lo mejor posible».

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