El juez cita como imputado al jefe de la oficina de Puigdemont por malversación

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

El historiador Josep Lluís Alay, primero por la izquierda
El historiador Josep Lluís Alay, primero por la izquierda EUROPA PRESS

La Fiscalía presentó una querella contra Josep Lluís Alay por su viaje al referendo de Nueva Caledonia, que pagó la Generalitat

26 feb 2020 . Actualizado a las 17:22 h.

Una juez de Barcelona ha citado a declarar como investigado para el próximo mes de abril al historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, a raíz de la querella de la Fiscalía por su viaje al referendo de Nueva Caledonia, que pagó la Generalitat.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía y ha citado como imputados para el próximo 15 de abril a Alay y a la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, investigada por autorizar los pagos bajo sospecha.

En su querella, la Fiscalía acusa a ambos cargos de los delitos de malversación y prevaricación, por los 4.580 euros que la Generalitat pagó por un viaje de Alay al archipiélago de Nueva Caledonia para asistir como observador al referendo de independencia celebrado en el 2018, en el que los votantes rechazaron independizarse de Francia.

Josep Lluís Alay es una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando el expresidente de la Generalitat fue detenido en Alemania, en marzo del 2018, hechos por los que también fue investigado por la Audiencia Nacional, que acabó archivando la causa contra él.

Actualmente, el historiador dirige la oficina de Carles Puigdemont, figura prevista por una ley catalana del 2003 que regula el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat.

En la querella, la Fiscalía detalla que Alay, «abusando» de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, se «excedió» en las funciones que tiene atribuidas y se «apartó» de su obligación de servir a los intereses generales con el propósito de lograr un «enriquecimiento ilícito».