El Gobierno obvia los desplantes de Torra y da prioridad a que comience el diálogo

El Ejecutivo y la Generalitat se reúnen hoy sin expectativas de acuerdos inmediatos

Pedro Sánchez y Quim Torra, en el Palau de la Generalitat, antes de su reunión del 6 de febrero del 2020
Pedro Sánchez y Quim Torra, en el Palau de la Generalitat, antes de su reunión del 6 de febrero del 2020

Madrid / Colpisa

«Este Gobierno está en la antítesis de las posiciones independentistas, pero solo se puede avanzar empezando». La frase de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, es perfectamente descriptiva de la actitud con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a la negociación con la Generalitat y al primer encuentro de la mesa de diálogo que se comprometió a crear a cambio de que ERC facilitara la investidura.

Mientras el balón esté rodando, todos ganan tiempo. En la Moncloa se actúa con el objetivo de amarrar el apoyo o al menos la abstención de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado —que el jueves se enfrentan a una primera barrera con la votación en el Congreso de la senda de déficit y deuda que acompaña al techo de gasto— y con la convicción de que en tanto no haya elecciones en Cataluña bastará con gestos como los ofrecidos hasta ahora para que los de Oriol Junqueras no rompan la cuerda. Fuentes de Esquerra admiten, de hecho, que la negociación de verdad no arrancará hasta que haya nuevo presidente en la plaza de Sant Jaume. Ese análisis es lo que ha llevado a Sánchez a aceptar casi sin remilgos que, en contra de lo acordado y de lo que exigieron los secesionistas en su momento, en la delegación de la Generalitat se incorpore a personas ajenas al Ejecutivo autonómico, como el exjefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Rius, y el que fuera número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el referendo del 1-O.

«Para el Gobierno lo importante es lo importante: sentarnos», insistió ayer Calvo tras el Consejo de Ministros. Ni el Ejecutivo ni la Generalitat cuentan con dar grandes pasos en su primera cita, para la que ni siquiera hay un orden del día. Los socialistas llevan semanas rebajando las expectativas y advirtiendo de que no cabe esperar frutos del diálogo en el corto plazo.

La presidenta del partido, Cristina Narbona, incluso apuntó el lunes a que quizá sea necesario irse a una nueva legislatura. Pero también desde el Gobierno catalán se alentó este martes la idea de que la cosa va para largo. «En la primera sesión no se puede resolver, pero sí que se puede encarar el calendario de una negociación que no será fácil ni rápida», apuntó su portavoz, Meritxell Budó. Pero ni la Moncloa ni ERC comparten la idea del calendario.

Carácter preparatorio

El encuentro ha adquirido así cierto cariz de reunión preparatoria. Sin más pretensiones, pese a la insistencia de la Generalitat en poner sobre la mesa la autodeterminación, una ley de amnistía y un mediador. Calvo anticipó incluso que podrá hablarse de cómo y quiénes proseguirán el diálogo, porque tanto Sánchez como Torra y el vicepresidente Aragonès solo tienen intención de asistir a la cita inaugural y a aquellas en las que se sellen acuerdos. «Discutiremos cómo continuar la segunda, tercera y cuarta parte», dijo.

Lo que sí traerá la constitución de la mesa de diálogo es una novedad simbólica. Torra tiene intención de comparecer después en la sala de prensa de la Moncloa, lo que no hace ningún presidente de la Generalitat desde Artur Mas en febrero del 2012, cuando sus reivindicaciones no pasaban de exigir un pacto fiscal similar al Concierto vasco. A partir de entonces, tras sus reuniones con Rajoy, optó por ofrecer ruedas de prensa en la sede de la delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid.

En cualquiera de los casos, Torra acude hoy con el buen trago de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya rechazado investigar la querella por usurpación de funciones que el PP presentó contra él, al entender que no hay ningún «acto jurídico» del Parlamento autonómico ni de la Justicia que haya ordenado su cese. Y mañana irá a Lisboa para inaugurar la nueva sede de la Generalitat en Portugal.

CaixaBank y el Sabadell justifican su marcha de Cataluña por la fuga de miles de millones

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, afirmó ayer en la comisión del Parlamento catalán sobre la aplicación del 155 en Cataluña que el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante en el 2017 fue una decisión «puramente técnica» y no política. Y que durante la primera semana de octubre de aquel año el banco perdió depósitos por valor de 4.600 millones de euros. Con el traslado, explicó, lograron «estabilizar» la situación. Además, reconoció que «todavía no se dan las circunstancias» para devolver la sede social a Cataluña. En el mismo sentido se pronunció el presidente de CaixaBank, Jordi Gual. Negó que recibiese presiones para irse de Cataluña y defendió que «gracias al cambio» los ahorros que salieron del banco en una semana —unos 7.000 millones— se fueron recuperando. Sobre un posible retorno, respondió que «están muy bien» en Valencia.

Sánchez llevará este año al Congreso la reforma del delito de sedición

La situación de los políticos independentistas encarcelados será uno de los asuntos que más pronto que tarde estará sobre el tapete en la mesa de diálogo. La delegación secesionista ya lo ha anunciado y ayer se sumó En Comú Podem. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, no tiene entre sus planes que la mesa de diálogo trate la situación de los presos. La única iniciativa que tiene en mente en ese sentido es la reforma este año del Código Penal para «adecuar», léase suavizar, los castigos al delito de sedición.

Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso, reclamó que se aborde el asunto porque será la mejor forma de demostrar que es real la voluntad de «desjudicializar» el conflicto catalán. «La libertad de los presos» es parte de la «agenda política de desbloqueo», apuntó el estrecho colaborador de la alcaldesa de Barcelona y hombre de confianza de Pablo Iglesias. El Ejecutivo descarta la amnistía que reclama JxCat y Esquerra. Arguye que es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico.

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