Exteriores culpa a Bolivia de la crisis de los geos

El Ejecutivo sostiene que las autoridades de La Paz filtraron datos e imágenes de los policías, atacaron su vehículo y violaron la Convención de Viena al no proteger al personal diplomático

La Embajada de México se encuentra en la urbanización La Rinconeda, en el sur de La Paz
La Embajada de México se encuentra en la urbanización La Rinconeda, en el sur de La Paz

madrid / colpisa

La versión oficial del Gobierno sobre lo ocurrido la mañana del pasado 27 de diciembre en los alrededores de la Embajada de México en La Paz revela que la crisis con los diplomáticos y policías españoles fue mucho más grave de lo que se conocía y que las autoridades bolivianas hicieron todo lo posible por azuzar el conflicto, llegando a filtrar datos de los miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para ponerlos en peligro de forma consciente. Un exhaustivo informe del Ministerio de Exteriores, incluido en una respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, desvela datos desconocidos de aquella crisis y, sobre todo, vierte gravísimas acusaciones contra el Ejecutivo de Jeanine Añez. Según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la visita a la Embajada de México de la encargada de negocios española en La Paz, la ahora expulsada Cristina Borreguero, tuvo como único motivo «contribuir a la reducción de tensiones en aras de la pacificación del país».

El documento del Ejecutivo detalla que la comitiva diplomática española fue escoltada por cuatro geos que habían sido enviados a La Paz el 14 de noviembre, vista la «escalada de violencia», y que por motivos de seguridad fueron encapuchados. Los policías, a la llegada, pudieron dejar sin problemas a los diplomáticos en la Embajada de México, pero algo cambió cuando regresaron a recoger a Borreguero y a sus acompañantes. «Al intentar entrar los vehículos de la embajada en la urbanización en la que se encuentra la residencia, las fuerzas de seguridad bolivianas les indicaron que tenían órdenes de no permitir su entrada», afirma el documento.

«En paralelo, personas vestidas de paisano golpearon los vehículos de la embajada e intentaron abrir las puertas de los mismos. Los efectivos del dispositivo de seguridad intentaron evitar la continuación de las agresiones y solicitaron el apoyo de la policía boliviana, que mostró una actitud pasiva ante dicho ruego», continúa el relato oficial. Y es aquí donde Exteriores comienza con sus graves acusaciones contra el Ejecutivo de Añez: «Es preciso reseñar que, aun sin mediar la petición de los efectivos españoles, la policía boliviana estaba obligada por la Convención de Viena de 1961 a proteger a los miembros del efectivo (portadores de pasaporte diplomático) y a los vehículos de la embajada (con matrículas diplomáticas también)». 

Persecución de los vehículos

Ante la situación creada y para evitar una escalada, «el equipo de seguridad de la Embajada de España optó por retirarse del lugar, momento en el que se les bloqueó para impedirles la retirada». «Cuando consiguieron abrirse paso -afirma Exteriores- un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia, les persiguió embistiéndoles varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo y regresar a la sede de nuestra embajada».

Finalmente, la comitiva diplomática española regresó a la embajada escoltada por las fuerzas de seguridad bolivianas tras varias gestiones de alto nivel, pero ahí no acabó la cosa. España sostiene que el Ejecutivo de La Paz para seguir ahondando en la crisis y azuzar a sus ciudadanos se dedicó a filtrar información diplomática secreta sobre los geos facilitada por las autoridades de Madrid en cumplimiento de los protocolos de seguridad diplomáticos.

«El 26/12 nuestra Embajada informó por nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano de las llegadas y salidas de los respectivos funcionarios previstas para el 28/12. Producto de una filtración procedente de la Administración boliviana, dichas notas verbales fueron divulgadas en redes sociales una vez ocurrido el incidente el 27/12», acusa sin medias tintas el Ministerio de Exteriores. Para seguir alimentado el conflicto diplomático, «desde la Administración boliviana se procedió a la filtración de información y fotografías personales de funcionarios españoles con los riesgos que ello entraña para su seguridad y el correcto desempeño de sus funciones», concluye el vasto informe del Gobierno español enviado al Parlamento.

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