Barajas levantó el control de frontera para que pasaran Ábalos y Delcy Rodríguez

Las cámaras grabaron la entrada a España de la vicepresidenta venezolana el 20 de enero

El ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso

Madrid / Colpisa

No es una sola grabación, sino varias, que al menos hasta la semana pasada no habían sido destruidas, según han revelado fuentes de la seguridad de Barajas y de la seguridad del Estado, que han visionado esas grabaciones.

Esas imágenes de las cámaras de seguridad de la denominada terminal ejecutiva o FBO (por sus siglas en inglés, Fixed Base Operator) del aeropuerto revelan que Delcy Rodríguez entró en territorio nacional sobre la 1.30 horas de la madrugada del pasado 20 de enero y que lo hizo acompañada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Las grabaciones desvelan más detalles, como que se levantaron los controles de seguridad y documentación que marcan la frontera nacional en esa terminal ejecutiva en el momento en que Ábalos, acompañado de su asesor Koldo García Izaguirre y de dos personas más, llegan desde la zona restringida (pistas) y conducen al interior de la FBO a la comitiva que encabezaba la vicepresidenta venezolana.

Responsables de la seguridad aeroportuaria apuntan que el Gobierno sostiene que la número dos de Nicolás Maduro nunca pisó territorio español por esa argucia de no hacerle pasar el control fronterizo, aunque la terminal se encuentre ya pasada la propia frontera. Desde que en febrero del 2013 entró en funcionamiento, la FBO siempre se ha considerado territorio nacional como lo son, tras el control de pasaportes, las instalaciones de la T1, T2, T3 y T4, según coinciden en señalar las fuentes consultadas. Los vídeos de la infinidad de cámaras de este pabellón vip situado en la zona sur del aeropuerto, muy cerca de la T1, también recogen el momento de la llegada al FBO de Ábalos y García Izaguirre pasadas las 00.10 horas del 20 de enero.

Escáner de seguridad

En las imágenes se ve a ambos, tras intentar infructuosamente acceder a las pistas porque estas ya están cerradas para permitir el aterrizaje del avión de Rodríguez, mantener una reunión de varios minutos con diferentes personas, entre las que se encuentran responsables policiales de Barajas. Las cámaras de seguridad graban igualmente a las 00.25 horas a Ábalos, a su asesor y a dos responsables del aeropuerto abandonar la terminal sin pasar por el pertinente escáner de seguridad para entrar en la zona restringida de las pistas. Las siguientes imágenes del ministro que recogen las grabaciones son ya la de su vuelta al pabellón de la FBO, acompañado de Delcy Rodríguez y su comitiva a la 1.30 horas.

 El relato temporal reconstruido por las grabaciones es coincidente con la versión de los hechos y la cronología que ha facilitado ante un notario de Madrid un vigilante de seguridad de la empresa Ilunion, al que esa noche se le destinó al control de seguridad de la terminal ejecutiva.

De una terminal a otra

Susana Trujillano, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, en funciones de guardia, ordenó este martes a Aena y «a las autoridades competentes» de Barajas «conservar» cualquier grabación del aeropuerto, no solo las del FBO, que tenga relación con la visita de Delcy Rodríguez, quien habría seguido moviéndose por territorio nacional, desde la terminal ejecutiva a la T4, donde a las 8.20 horas del 20 de enero cogió un vuelo comercial hacia Doha.

La jueza ha tomado la decisión de proteger estas imágenes después de que el PP haya denunciado al ministro por un delito de prevaricación administrativa, castigado con hasta quince años de inhabilitación, por haber supuestamente facilitado la entrada a España de la vicepresidenta chavista a sabiendas de que esta tenía prohibido pisar el territorio Schengen por decisión de la Unión Europea.

Dos juzgados de Madrid asumen las denuncias del PP y del Partido Laócrata

Dos juzgados de Madrid investigarán las denuncias por presuntos delitos de prevaricación presentadas por el PP y el Partido Laócrata por el encuentro de José Luis Abalos y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Barajas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano, se encargará de la querella presentada por los laócratas, un partido de nuevo cuño que busca acabar con la partitocracia y que tiene como lema En todos está el poder. Adolfo Carretero, del Juzgado de Instrucción número 47, asumirá la de los populares. El primero investiga el patrimonio del exvicepresidente Rodrigo Rato, y el segundo se dio a conocer cuando archivó la causa del espionaje del PP en la Comunidad de Madrid y cuando mantuvo imputado dos meses al cómico Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España.

Competencia del Supremo

Es probable que ambas causas se refundan en una, pero si durante la investigación se aprecian indicios de delitos por parte de Ábalos, el asunto pasaría al Tribunal Supremo, única instancia en la que pueden ser juzgados los miembros del Gobierno. Ábalos dijo este miércoles que está «muy tranquilo» porque «todo» lo que hizo aquella madrugada fue «correcto», y acusó a la oposición de buscar solo «el espectáculo».

La nota sorprendente la puso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien consideró «un poco extraña» la actuación del juez de guardia al ordenar a Aena que no destruya las grabaciones y las remita al juzgado.

El Ejecutivo elude la crisis del aeropuerto en la sesión de control en el Congreso

fRAN BALADO 

El Gobierno eludió entrar ayer en la polémica que rodea al encuentro del pasado 20 de enero en Barajas entre del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la decisión de un juzgado de Madrid de requerir a Aena que conserve las grabaciones de las cámaras de seguridad ante los indicios de que el secretario de organización del PSOE pudiese estar incurriendo en un delito.

La decisión judicial llegó a última hora del martes, dejando sin margen de maniobra a los grupos parlamentarios para modificar sus preguntas registradas en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso; no obstante, la oposición introdujo constantes alusiones a este asunto en sus cuestiones destinadas a la bancada azul. «Déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su Gobierno con el régimen de Maduro», exigió Pablo Casado en su cara a cara con el presidente del Gobierno. Sánchez se limitó a acusar al líder del PP de vivir «en la bronca y en la falacia» y a responder la vertiente económica de la cuestión.

Cayetana Álvarez de Toledo siguió tratando de estrechar el cerco de los populares sobre el Gobierno denunciando sus alianzas en Cataluña y en el país caribeño: «Ustedes insisten en alternar con delincuentes aquí y allí». La vicepresidenta Carmen Calvo también eludió el asunto venezolano en su contestación a la portavoz parlamentaria popular.

El único miembro del Consejo de Ministros que se refirió ayer a esta cuestión fue el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que en un desayuno informativo calificó la orden del juzgado madrileño de requerir a Aena la conservación de las grabaciones de seguridad de la terminal 4 como «un poco extraña», palabras que fueron reprochadas por Álvarez de Toledo, que exigió «respeto» a las decisiones judiciales. El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, pidió la dimisión de Ábalos por «el escandalazo de Barajas».

El estallido de Pablo Iglesias

En la sesión de control también hubo espacio para otros asuntos. El reciente rechazo del PSOE y Podemos a crear una comisión de investigación sobre la supuesta explotación de menores tuteladas en centros de Baleares motivó las críticas de la bancada de la derecha sobre el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. El líder de la formación morada les afeó que tratasen de obtener «rédito político» a cuenta de «niñas violadas». Esto causó asombro y risas en los conservadores, que fueron empleadas por Iglesias para acusarlos de «descojonarse» con un asunto así, algo «repugnante, incluso para un fascista», dijo. El PP le reprochó que intentase darle la vuelta a la tortilla al quedarse «sin respuestas».

Por último, el Gobierno insistió al PP en que se abra a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones para las que se requiere una mayoría reforzada (3/5) de la Cámara. Casado reiteró a Sánchez que antes debería romper la mesa de diálogo con Torra y sacar a Dolores Delgado de la Fiscalía General del Estado.

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