El ministro de Justicia admite «discrepancias» y evita apoyar a Iglesias en sus críticas a los jueces

Campo propone una reforma para que la fiscalía instruya los casos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este lunes, en el Congreso
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este lunes, en el Congreso

madrid / Colpisa

«Hay discrepancias, malentendidos y equivocaciones». El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su primera comparecencia ante la correspondiente comisión de del Congreso, evitó este lunes respaldar expresamente las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias cuando, el pasado enero, desató una crisis con el Poder Judicial al criticar a los jueces a cuenta de la sentencia del 1-O. «Somos un Gobierno de coalición. Es todo un logro y un reto. Hay y habrá discrepancias, malentendidos y equivocaciones», admitió el ministro de Justicia durante su comparecencia para informar de las líneas maestras de su departamento y de la crisis abierta con el Poder Judicial solo dos días después de la toma de posesión del Ejecutivo de coalición.

El Consejo General del Poder Judicial emitió el 16 de enero un comunicado en el que solicitaba «responsabilidad institucional» tras las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la «judicialización» del proceso secesionista. En opinión de Iglesias, la sentencia del Supremo fue «un error» porque «muchos tribunales europeos» les quitaron la razón a los jueces españoles, y eso supuso una «humillación» de España en el escenario internacional.

Ya en cuanto a las grandes actuaciones previstas por su ministerio, Juan Carlos Campo prometió este lunes la modificación integral de la Ley de enjuiciamiento criminal, aprobada en 1882. Campo habló de «reto nacional» y se atrevió a poner plazos, a riesgo de pillarse los dedos como otros ministros de Justicia. Aun así, garantizó que antes de que acabe el 2020 habrá un proyecto de nueva ley que cumpla con el deseo casi unánime en los tribunales de que sean los fiscales, y no los jueces de primera instancia, los que instruyan los casos penales, tal y como ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno. «Es absolutamente perentorio que demos el paso de superar una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal», dijo.

No nombró ni una sola vez en la exposición de los planes de su departamento la intención del Gobierno de Sánchez de reformar el delito de sedición. Pero la oposición se acordó de esa reforma y los grandes acuerdos para las grandes reformas quedaron aparcados del debate. Edmundo Bal, de Ciudadanos, llegó a calificar de «tropelía y vergüenza» el proyecto del Ejecutivo socialista de reformar el Código Penal para, apuntó, contentar a los independentistas catalanes. El diputado del Partido Popular Luis Santamaría acuso directamente al Gobierno de «fraude» por «crear espacios de impunidad para los golpistas».

En ese debate sobre el delito por el que han sido condenados los líderes secesionistas tuvo especialmente protagonismo Jaume Alonso-Cuevillas, portavoz de Justicia de JxCat en el Congreso, quien además es el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Alonso-Cuevillas reclamó al ministro «valentía» para «derogar», y no solo «suavizar», el delito de sedición, al tiempo que le recriminó que no hubiera hecho referencia alguna a un «conflicto territorial que jamás debió salir de la política y jamás debió ser judicializado» «No hay un compromiso con ningún partido. El Código Penal necesita de revisión porque los ataques a la convivencia vienen de muchos sitios», intentó apaciguar Campo, sin profundizar en el espinoso tema.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos
Comentarios

El ministro de Justicia admite «discrepancias» y evita apoyar a Iglesias en sus críticas a los jueces