Los líderes del 1-O saldrán de prisión cuatro meses después de la condena

La oposición de la Fiscalía a los beneficios no paralizará la decisión de la Generalitat

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural
Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural

Madrid / La voz

Tan solo cuatro meses después de haber sido condenados por delitos de sedición, malversación y desobediencia, los nueve líderes del proceso independentista en Cataluña están muy cerca de obtener todos ellos condiciones de semilibertad gracias a que la Generalitat, que tiene transferidas las competencias, les aplicará el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que flexibiliza su situación. De momento, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, condenado a nueve años de prisión por sedición, disfruta ya de un régimen de semilibertad por el que puede salir cinco días a la semana durante nueve horas y media cada jornada para trabajar en su propia empresa de diseño de maquinaria industrial y hacer labores de voluntariado con personas en riesgo de exclusión social. El exlíder de la ANC Jordi Sánchez, con idéntica condena, podrá abandonar la cárcel tres días a la semana durante 11 horas para participar en programas de voluntariado. Tanto Sànchez como Cuixart ya disfrutaron de un permiso ordinario de 48 horas a mediados de enero al cumplir una cuarta parte de la condena 

Junqueras, a la espera

A ellos se unirán de inmediato la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, condenada a once años y medio de cárcel por sedición, y los exconsejeros de Interior, Joaquim Forn, con una pena diez años de prisión, y de Trabajo, Dolors Bassa, con 12 años de condena, ambos por sedición. Forcadell saldrá de prisión tres días a la semana durante nueve horas para cuidar a su madre, que tiene 90 años. Forn lo hará cinco días a la semana durante 12 horas y media de lunes a viernes para ir a trabajar. Y Bassa saldrá tres días a la semana durante ocho horas cada jornada para cuidar a un familiar anciano.

Los otros cuatro presos, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, no han solicitado por ahora que se les aplique el artículo 100.2, pero lo harán en breve. En caso de que se les concediera, algo que la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, dio este viernes por hecho, podrían disfrutar de inmediato de las mismas condiciones. Sin embargo, a los cuatro les resta todavía tiempo para solicitar permisos ordinarios que les permitan salir de la cárcel para visitar a sus familias. Junqueras, que entró en prisión el 2 de noviembre del 2017, cumplirá la cuarta parte de su condena de 13 años por sedición y malversación el 30 de enero del 2021. A partir de ahí, podrá solicitar permisos. Romeva y Turull, condenados a doce años, y Rull, con diez años de sentencia, entraron más tarde en prisión, por lo que solo podrán solicitar permisos a partir del 16 de febrero del 2021.

La Fiscalía de Barcelona se opuso este viernes a la aplicación del artículo 100.2 a Cuixart, al considerar que se trata de «una forma espuria de otorgar una clasificación en tercer grado». Y destacó además la «falta de reconocimiento del carácter delictivo de su conducta». La Fiscalía del Supremo, que solicitó en el juicio que no se concedieran beneficios a los condenados hasta que cumplieran la mitad de se su pena, culpa de la situación al tribunal, que rechazó su propuesta. «El Supremo no acordó su aplicación y las consecuencias ahí están», afirmó Javier Zaragoza, uno de los fiscales del procés.

Seis imputados siguen huidos, entre ellos Ponsatí, que compara a España con el nazismo 

Al margen de los nueve líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo, hay otros seis imputados en el caso que gozan en este momento de libertad por haber huido de la Justicia sin que hayan sido atendidas las peticiones de extradición que en su día formuló el juez instructor del caso, Pablo Llarena. Se trata del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, también huidos en Bélgica; de la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira, actualmente en Suiza, y de la también exconsejera Clara Ponsatí, residente en Escocia, (Reino Unido), y sobre la que pesa una euroorden por la que la Justicia española ha solicitado ya un suplicatorio al Parlamento Europeo, en donde le ha sido reconocida la condición de eurodiputada, al igual que ocurrió con Puigdemont y Comín y con Oriol Junqueras. En el caso de este último, su acta de eurodiputado quedó suspendida tras su condena en firme en el juicio del 1-O. Los huidos están pendientes de someterse a un nuevo juicio cuando sean entregados a España. 

Ejemplo «admirado» por Hitler

Puigdemont ha aprovechado su situación de libertad para arremeter desde el Parlamento Europeo contra la Justicia y el Gobierno españoles, acusándolos de perseguir las ideas independentistas y de vulnerar los derechos fundamentales. Pero aún más lejos ha ido la eurodiputada Clara Ponsatí, que se estrenó como parlamentaria el pasado martes con una polémica intervención en la que situó a España como un precedente del nazismo y comparó a los catalanes con los judíos exterminados por el régimen de los nazis.

La exdiputada de JxCat afirmó que «uno de los crímenes más serios contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492 cuando los denominados Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos de Sefarad». Y añadió que «este primer episodio de antisemitismo de Estado, admirado por Adolf Hitler» y que el dictador alemán «intentó superar», es «la piedra angular del trágico historial español de intolerancia». La eurodiputada añadió que «hoy esta intolerancia toma forma de desprecio ante los derechos de la minoría catalana» porque «mientras la Fundación Franco sigue siendo legal, los jueces españoles usan las leyes contra el odio para perseguir a los profesores catalanes que critican la violencia de la Guardia Civil».

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