El Supremo ignora a la Fiscalía e inhabilita a Torra

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

NACHO DOCE | REUTERS

La Junta Electoral concede 48 horas al Parlamento catalán para que lo despoje de su condición de diputado

24 ene 2020 . Actualizado a las 08:38 h.

Quim Torra seguirá privado de su condición de diputado autonómico, tal y como acordó la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 3 de enero después de que el presidente de la Generalitat fuera condenado a 18 meses de inhabilitación por desobediencia. Así lo acordó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que este jueves volvió a rechazar la petición de Torra de suspender cautelarmente la decisión del órgano electoral mientras que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si tal inhabilitación -por la «inelegibilidad sobrevenida» que supone la condena, pese a no ser firme todavía- se ajusta o no a derecho.

Tras hacerse pública la decisión del Supremo, la JEC requirió al presidente del Parlamento catalán de Cataluña, Roger Torrent, a que en un plazo máximo de 48 horas dé cumplimiento a su acuerdo y despoje a Quim Torra de su condición de diputado por haber desobedecido al órgano electoral.

La resolución de la JEC es firme en vía administrativa, aunque sí cabe interponer todavía un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la misma que este jueves rechazó el recurso de Torra. Según la legislación catalana, el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado autonómico, por lo que, de perder su escaño, no podría seguir al frente del Govern.

segundo revés

Por unanimidad. Los magistrados del Supremo ya habían desestimado el pasado día 10 la suspensión cautelarísima reclamada por la defensa del presidente catalán, por entender que no había urgencia para tal decisión. Por ello, anunciaron que tramitarían la petición por el cauce ordinario, al que responde la reunión de esta semana. Así, después de analizar el asunto este miércoles, la Sala Tercera acordó, por unanimidad de sus cinco integrantes, no atender la petición de Torra, avalando la decisión de la Junta Electoral Central.

condena en costas

No hay razón para las cautelares. En un auto de 20 folios, en el que Jorge Rodríguez-Zapata actuó como ponente, el tribunal sostiene que no hay razones para dejar sin efecto la decisión del órgano administrativo sobre Torra, además de condenar en costas al recurrente. La sala considera que los argumentos esgrimidos por la defensa se estudiarán cuando el tribunal analice el fondo del recurso, y matiza, además, que están relacionados con el proceso penal por el que Torra fue condenado, de modo que quedan fuera de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los jueces no advierten «apariencia de buen derecho» en las pretensiones del político catalán. Niegan que, como sostenía la defensa, haya indicios de inconstitucionalidad en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), ya que en su articulado considera -y «de forma indubitada»- que las condenas mediante sentencia, aunque no sea firme, a penas de inhabilitación o suspensión del derecho de sufragio pasivo por delitos contra la Administración Pública son causas de inelegibilidad y también de incompatibilidad.

fiscalía

Criterios enfrentados. La decisión de la sala choca con la postura de la Fiscalía, que se mostró a favor de paralizar cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central. El Ministerio Público defendía en su escrito de alegaciones que, «en orden a la prudente y equilibrada preservación» de los intereses en conflicto, procedía que el político independentista mantuviera su acta de diputado. De hecho, iba más allá al reconocer, igual que la defensa, dudas jurídicas sobre la competencia del órgano electoral para suspenderle, ya que tal capacidad reside únicamente en el Parlamento catalán.

sin daños irreparables

La decisión es reversible. Torra reclamaba la medida cautelar alegando que retirarle su escaño le provocaba un «daño irreparable», algo de lo que los magistrados discrepan, llegando a sostener que el perjuicio de mantenerle como diputado sería aún mayor. Subrayan, además, que no existe el peligro alegado porque la decisión no es irreversible.

aviso al parlamento

Plazo para recurrir. Por otra parte, la misma sala recordó este jueves al Parlamento catalán que el órgano competente para recurrir el acuerdo de la Junta Electoral sobre Torra es el pleno y no la Mesa. Responde así al intento de esta última de presentar un recurso (así lo acordó el día 14, tras ratificarle en su escaño) y le da 15 días de plazo para subsanarlo.

El condenado se enroca: «Soy diputado y presidente»

Pedro Sánchez mantiene la reunión fijada con el presidente de la Generalitat para principios de febrero

a. b.

Y ahora ¿qué? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la decisión del Supremo? El primer movimiento será el de la Cámara catalana, que deberá pronunciarse de inmediato sobre si hace efectiva la suspensión o, como ya ocurrió tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), vuelve a desobedecer y mantiene a Torra en su escaño.

La JEC le reclamó ayer al Parlamento que tome medidas para aplicar ya su acuerdo, pero el político condenado se revuelve. «No nos vamos a echar atrás», dijo en una breve declaración institucional. «No hay ningún cambio respecto al 3 de enero y a la decisión que el pleno aprobó al día siguiente», agregó. «Soy diputado y presidente», remachó.

Los mismos oídos sordos parece hacer también el Gobierno central, puesto que, pese a la suspensión acordaba por el Supremo, avalando a la JEC, el presidente mantiene la reunión prevista con Torra para la primera semana de febrero.

Durante su visita a Baleares para valorar los daños del temporal, Pedro Sánchez eludió pronunciarse sobre la decisión del alto tribunal. Admitió que es un «tema importante», pero se escudó en que este jueves tocaba «hablar del temporal» y «resolver lo urgente». «Ya habrá tiempo para poder hablar de ello», zanjó, declinando responder sobre si mantendría la reunión con Torra, que fuentes de Moncloa confirmaron.

También la ministra de Justicia, Margarita Robles, se posicionó y aseguró que «no hay ninguna oposición, desde el punto de vista judicial, a que Torra pueda continuar como presidente».

Lectura opuesta hace la oposición, que reclama el cese inmediato del político independentista como diputado. El líder del PP, Pablo Casado, anunció este jueves que su partido se querellará contra el Ejecutivo central «si no hace nada» para cesar a Torra. Las acciones legales se extenderán, por prevaricación, contra Pedro Sánchez, si no suspende su reunión con el político inhabilitado; contra el propio Torra, si no se va, y contra el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, en caso de que no convoque un pleno para elegir al parlamentario que ocupe el escaño vacante.

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Lorena Roldán, reclamó a Torra que «no se atrinchere». «Este es el final del camino. Acaba la etapa negra del procés. Yo le pediría que no lo alargue más», añadió. Todo apunta a que no será así.

Torra tiene de plazo hasta febrero para recurrir ante el Supremo la condena que le ha costado, de momento, el escaño.