Sánchez e Iglesias miran a Bruselas para que bendiga su primer Presupuesto en común

El Gobierno negociará primero con la UE flexibilizar el objetivo de déficit para iniciar después la tramitación de las cuentas

La vicepresidenta económica, la gallega Nadia Calviño tendrá un papel protagonista en la negociación de los ajustes con Bruselas
La vicepresidenta económica, la gallega Nadia Calviño tendrá un papel protagonista en la negociación de los ajustes con Bruselas

Madrid / La Voz

«Muy pronto, a la mayor brevedad posible». Esa fue la respuesta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este viernes, en la rueda de prensa posterior al el Consejo de Ministros, a la pregunta sobre cuándo presentará el Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio y poner así fin a la racha de funcionar con las cuentas prorrogadas (siguen en vigor las diseñadas por Cristóbal Montoro para el 2018). La traducción práctica, sin embargo, es que para conocer los nuevos Presupuestos habrá que esperar, ya que previamente el Ejecutivo tendrá que negociar con Bruselas la flexibilización de los objetivos de déficit, una vez cerrados oficialmente los datos del 2019, algo que no ocurrirá «hasta bien entrado marzo. El tiempo corre y los obstáculos no son menores.

el déficit

Bruselas, el primer escollo. La ministra explicó que el Ejecutivo está trabajando ya «de forma intensa» en la «maquinaria previa» de los Presupuestos, los primeros del Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tendrá un «papel protagonista», pues será la encargada de negociar con la Comisión Europea para que afloje sus exigencias de ajuste, después del previsible incumplimiento del déficit en el 2019. Aunque todo apunta a que se habría rebasado el 2 % previsto (el Banco de España considera el 2019 un año perdido desde el punto de vista de la reducción del agujero fiscal, y en sus últimas previsiones lo situó en el 2,5 % del PIB), la titular de Hacienda evitó pronunciarse sobre su alcance.

A esto se suma el hecho de que el 1 de enero entró en vigor la modificación del artículo 135 de la Constitución, impulsada por Zapatero en el 2011, que hace obligatorio cumplir el objetivo de déficit estructural (el que no depende del ciclo económico) fijado por Bruselas.

La ministra Montero, nueva portavoz del Gobierno, sin embargo, es optimista sobre la receptividad de Bruselas: «Mientras que España siga disminuyendo el déficit, las autoridades europeas escucharán los razonamientos del Gobierno para intentar acompasar el cumplimiento de las cuentas públicas con la recuperación de los derechos de los ciudadanos arrebatados fundamentalmente durante la crisis».

Gasto expansivo

El reto de soplar y sorber a la vez. De que es posible y de que cumplirá es lo que debe convencer el Ejecutivo a la Comisión Europea. Es decir, de que es compatible presupuestar una política expansiva de gasto —como la pactada con sus socios de Gobierno y con la constelación de formaciones políticas que apoyaron la investidura (la subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios son los primeros ejemplos)—, y a la vez cumplir con la disciplina fiscal que le exija Bruselas.

En el fallido proyecto de Presupuestos del 2019, el Ejecutivo socialista fiaba tal cuadratura del círculo al incremento de la recaudación. ¿Cómo? Por un lado, gracias a los ingresos adicionales que proporcionarían las subidas de impuestos y nuevas figuras fiscales (como, por ejemplo, las tasas Tobin y Google, el impuesto al diésel o la subida de Sociedades), y, por otro, por el propio crecimiento económico (mayor actividad y empleo redundan en más ingresos para las arcas públicas). Sin embargo, con una economía ralentizándose paulatinamente no parece factible asumir un gasto público que desborda ampliamente la previsión de ingresos, porque la deuda —en el entorno del 96 % del PIB— tampoco da margen para ello.

el calendario

Del Consejo de Política Fiscal y Financiera a la tramitación parlamentaria. La ministra de Hacienda confirmó que se convocará «muy pronto» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que llevará la nueva senda de estabilidad presupuestaria —los objetivos de déficit y de deuda pública que se pacten con Bruselas para tres años—. Tanto la senda como el techo de gasto irán luego al Congreso y al Senado (a partir de febrero, según fuentes de Hacienda), después de que el Ejecutivo haya negociado su apoyo con las diferentes formaciones políticas que respaldaron la investidura de Sánchez. Se trata de evitar repetir el fiasco del 2018, cuando el veto del PP en el Senado los tumbó.

Seguidamente se presentaría el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2020, para que su tramitación parlamentaria ponga punto final a las cuentas del último Gobierno del PP, prorrogadas desde el 2018. Aunque las nuevas cuentas están avanzadas, ya que seguirán las líneas generales del proyecto fallido del 2019, el calendario de aprobación lleva un considerable retraso que puede dilatar su entrada en vigor hasta el verano, algo que ya ocurrió en el 2017 y en el 2018, gobernando Rajoy. La norma establece que los PGE deben aprobarse antes del 31 de diciembre del año previo, lo que implica iniciar su tramitación parlamentaria al menos tres meses antes.

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